Después de ocho meses y medio sin cubrir vacantes judiciales, la presidenta Cristina Kirchner volvió a poner en marcha el sistema de designaciones: nombró a cinco jueces federales para tribunales en Misiones, Chubut, Córdoba, Salta y la provincia de Buenos Aires.

Todavía le quedan por resolver 141 ternas. Las que definió eran parte de las 67 que esperaban una decisión suya desde hacía más de un año.

Ayer, después de que La Nacion dio a conocer estas demoras, legisladores de la oposición hicieron duras críticas al Gobierno y el senador José Cano (UCR) informó que pedirá una moción de preferencia para que en la próxima sesión se trate un proyecto que modifica el sistema de designaciones y prevé que si el Poder Ejecutivo no elige a su candidato dentro de los 180 días se considera designado el primer candidato de la terna.

La Presidenta giró los nuevos pliegos al Senado, para su acuerdo, ayer al mediodía. También envió uno de los expedientes más antiguos que tenía para nombrar fiscales: eligió a Javier De Luca para cubrir la vacante de la fiscalía 4 de la Cámara de Casación, máximo tribunal penal. En este caso, la Procuración le había remitido la terna hacía más de dos años.

Los nombramientos fueron celebrados por la Asociación de Magistrados. Su presidente, Luis Cabral, dijo: "Me parece muy bien, por lo menos se empiezan a activar las designaciones. Espero que haya continuidad para solucionar el resto de las vacantes, que entorpecen el trabajo del Poder Judicial".

En los pliegos remitidos ayer, la Presidenta eligió a Edgardo López Herrera para el juzgado federal 1 de Salta, clave porque es un tribunal con competencia electoral. El estaba primero en la terna, que llegó a la Presidencia hace 18 meses.

La misma antigüedad tenía el expediente para cubrir la vacante de la Cámara Federal de Bahía Blanca. Para ese cargo, Cristina Kirchner eligió a Pablo Candisano Mera, que es secretario judicial.

En los juzgados de Esquel, Oberá y San Francisco (todos tribunales nuevos, todavía no habilitados), la Presidenta designó a Guido Otranto, secretario de la Sala II de la Cámara Federal porteña; María Verónica Skanata, secretaria judicial que es hija de una camarista, y Mario Garzón, que es secretario de la Cámara Federal de Córdoba y hoy subroga el juzgado de Villa María.

De Luca, el elegido para cubrir la vacante en la fiscalía ante la Casación, es fiscal general de juicio y profesor titular de Derecho Penal de la UBA. Fue secretario letrado de la Corte, relator del Juicio a las Juntas y en los últimos tiempos, uno de los fiscales del juicio que condenó a Luis Patti.

Entre los cargos que resta cubrir están las cuatro vacantes de la Cámara de Casación y los diez cargos de la nueva Casación porteña. También hay vacantes en tribunales orales (sólo en la Capital, 24), y juzgados civiles y laborales.

Sin titulares, se deben nombrar subrogantes, que no cuentan con todas las garantías de independencia de la Constitución. Según la oposición, por eso el Gobierno demora las ternas, para evitar una Justicia fuerte que lo controle. El presidente de la Comisión de Justicia de Diputados, Juan Tunessi (UCR), presentó ayer un pedido de informes para que el Gobierno explique la tardanza. Lo mismo habían hecho, sin éxito, tanto él como la diputada Marcela Rodríguez (CC), el año pasado.