El proyecto de reforma del Código Procesal Penal de nuestra provincia basado en las más modernas concepciones y exigencias constitucionales, fue presentado formalmente a los ministros del Superior Tribunal de Justicia por los autores de la iniciativa, un grupo de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Formosa.
Se trata de un proyecto que recientemente fue elogiado por magistrados y funcionarios de toda la región y de otras provincias del país, en el marco de las jornadas sobre sistema acusatorio llevadas a cabo en nuestra ciudad.
La iniciativa fue redactada por la comisión que estuvo conformada por el fiscal de Cámara, Alejandro Postiglione, la Defensora Oficial de Cámara, Claudia Carbajal Ziessenis, el fiscal Lucio Leandro Leiva y los jueces de instrucción y correccional Laura Karina Paz y Pedro Gustavo Schaefer.
Este proyecto de Código Procesal Penal para la Provincia de Formosa está basado en el modelo acusatorio –que constituye en la actualidad una exigencia constitucional- el cual tiene como principales atributos y beneficios que contempla tanto las garantías del imputado como de la víctima, asignándole al Ministerio Fiscal la atribución exclusiva de investigar los delitos y perseguir a sus autores, para reservar al magistrado la labor de juez de garantía constitucional. La iniciativa prevé un procedimiento integralmente oral, como el que se viene realizando en Formosa desde la implementación del sistema de oralidad para las causas de menor escala penal, con singular éxito en nuestra ciudad.
Tras la presentación, los ministros del STJ se comprometieron a iniciar una ronda de consulta con las asociaciones profesionales vinculadas al Poder Judicial, para luego analizarlo íntegramente y proceder a su envío –si correspondiere- al Poder Legislativo, en cuanto es el Poder del Estado con atribuciones para convertirlo en ley.
Ágil, moderno y público
De implementarse el sistema acusatorio en Formosa, los nuevos procesos penales serán más ágiles, desformalizados y desarrollados en audiencias públicas y orales, donde los fiscales asumirán un rol preponderante a la hora de investigar un delito e imputar al autor del mismo.
Este proyecto de reforma, se ajusta a los criterios constitucionales y está adecuado a las exigencias actuales ya que resguarda la imparcialidad del juez, generando una actividad amplia propia de un proceso controversial donde los protagonistas son las partes del proceso.
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