En el mismo se califica de "brutalidad extrema" a la represión en la Penitenciaria Nº 1. Y se solicita mayor celeridad en el otorgamiento de beneficios constitucionales para condenados. El pedido está dirigido a las autoridades penitenciarias, policiales y del área de Gobierno correspondiente.
El pedido de informe está dirigido al ministro de Gobierno, Gustavo Valdes y, por su intermedio, a la Subsecretaría de Gobierno, a la Subsecretaría de Seguridad, a la Jefatura de Policía, a la Intervención del Servicio Penitenciario y a las autoridades de la Provincia que correspondiera.
En el mismo se detalla las gestiones realizadas por la diputada provincial Sonia López, en las que específica las condiciones "inhumanas" en las viven los internos del Penal Nº 1, las heridas que mostraron los mismos, y que reflejan la "brutalidad" de la represión desatada los días 14 y 15 de enero.
A la vez, se hace mención que, durante un principio de protesta en el Penal Nº 6 que fuera "ferozmente reprimido", el interno Abel Sánchez sufrió hundimiento de cráneo y se encuentra en "gravísimo" estado de salud internado en la sala de terapia intensiva del Hospital Escuela.
Por otro lado, se solicita que se investigue la supuesta "conflictividad interna" aludida por el subsecretario de Gobierno, Luis Bravo como causante del conflicto que derivó en la represión en el Penal Nº 1 a mediados del mes pasado.
El pedido de informe critica, además, el uso limitado de beneficios que confiere la ley para condenados que cumplen con las condiciones básicas, como ser la libertad condicional o las salidas transitorias, entre otras. Adjudicando a esta deficiencia el hacinamiento y la superpoblación que existe en los penales, "principal causa" de la crisis carcelaria que se denuncia.
EL EXPEDIENTE
Según el escrito, motivaron el pedido la denuncia realizada por familiares de los internos, donde se detallan episodios de "brutalidad extrema" en el uso de la fuerza e intentos de homicidio contra los internos en protesta.
En el expediente se califica de "abrumadora desproporción" entre la represión ejercida contra el movimiento existente de los presos, y se hace mención a la "irregularidad" en la negativa de las autoridades de permitir el ingreso al Penal Nº 1 del abogado patrocinante de los internos, Hermindo González para asesorar debidamente a sus clientes.


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