Vecinos de barrio Sur presentaron ayer en la Justicia un amparo colectivo con el objetivo de frenar las obras que se están concretando en calle Ayacucho 266 para la instalación de una planta transformadora de energía eléctrica por parte de la Empresa Distribuidora de Energía de Tucumán (EDET S.A.).

La medida cautelar fue elevada hasta tanto los estrados judiciales se expidan sobre la cuestión de fondo, puesto las potenciales afecciones a la salud de las personas que podría causar una estructura de estas características en una zona densamente poblada como la elegida.

De acuerdo a los letrados que elaboraron la denuncia: Hugo Jiménez Pastor y Juan Pablo Terraf, se contaría con material probatorio de índole científico en el que se advierte sobre los problemas que ocasionarían en el organismo las ondas electromagnéticas que emanan desde el interior de la planta. "Dicha radiación puede provocar la ruptura de la cadena de ADN en niños (llegando a producir casos de leucemia) y afecta gravemente el funcionamiento de marcapasos -en pacientes cardíacos-. Es muy importante destacar que las instalaciones se encuentran ubicadas en una zona donde en el radio de una cuadra existe la presencia de instituciones asistenciales", se enuncia en el escrito presentado.

En tanto, no tardaron en expresarse las críticas para con las declaraciones del ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Feijóo, quien el jueves anunció la convocatoria a una nueva audiencia pública por parte del Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE), bajo el argumento de que la anterior audiencia, realizada en febrero, presentaba “errores materiales” que debían ser revertidos.

"Es una vergüenza que el Ministro minimice lo que pasó con la audiencia pública referida a este tema, cuando dice que se trató de 'un error de difusión'", sostuvo la legisladora Silvia Elías de Pérez (UCR).

En este sentido, comentó que, en esa oportunidad, la asamblea se determinó para discutir un tema de menor relevancia pero que finalmente se terminó aprobando la instalación de dicha planta en el casco urbano.

A su vez, la parlamentaria cargó contra aquellos posicionamientos que surgieron a través de la prensa en defensa de la puesta en marcha de las obras en cuestión. "En el afán de convencer a los vecinos de que la instalación de esta planta no genera peligro, han aparecido 'espontáneamente' algunas voces que afirman que lo que se está haciendo es inofensivo", dijo.

Por ello, mencionó la opinión de la Asociación de Profesionales Universitarios de Agua y Energía (APUAYE). "Lo que se omitió decir es que el presidente de este organismo es un empleado jerárquico de EDET, empresa que está construyendo la planta, y que por lo tanto tiene un evidente interés económico en que la obra concluya. Me pregunto cuál es el grado de independencia del presidente de la APUAYE para opinar sobre el tema", objetó la parlamentaria opositora.

Sostuvo, asimismo, la necesidad de hacer pública toda la información disponible sobre los aspectos técnicos de esta planta, al considerar que se debería permitir el acceso al expediente por el que se otorgó el apto ambiental para realizar la obra. Señaló que hace más de quince días ella misma solicitó dichos documentos pero que hasta el momento no logró acceder a los mismos.

"Si no tienen nada que esconder, ¿por qué ocultan esta información? Lejos de echar luz a la cuestión se encargan de hacerla cada vez más oscura", postuló Elías de Pérez.

Rentabilidad por sobre la salud

A la hora de fundamentar su total rechazo a esta iniciativa, que fue avalada por los concejales oficialistas de la Capital al otorgar la excepcionalidad al Código de Planeamiento Urbano para construir la planta, adujo que según la propia normativa nacional emitida por el ENRE lo que se busca es evitar la instalación de este tipo de obras en zonas en las que funcionen escuelas, servicios de salud y geriátricos.

Como se recordará, en las inmediaciones de la planta se encuentran seis establecimientos educativos, por los que transitan alrededor de 6.000 alumnos, además de funcionar cuatro instituciones del área de la salud. "Ante esta situación uno no puede menos que preguntarse por qué el Gobierno insiste en esta medida. Probablemente la respuesta se encuentre en el lapsus que el Ingeniero Sergio Sánchez (interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán) tuvo ante la prensa cuando habló de la rentabilidad económica que tiene para EDET este proyecto", disparó la legisladora.

"No existe ninguna ganancia económica que justifique la posibilidad, por remota que sea, de afectar la salud de las personas. La salud de los tucumanos no es un bien negociable", finalizó Elías de Pérez.

Vale resaltar que a inicios de la próxima semana, los vecinos del lugar realizarán una presentación judicial similar a la descripta anteriormente, pero esta vez en los estrados federales.