La acción fue planteada por la OCA (Organización Campesina Agro-Ganadera), instituciones y actores locales de Palma Sola, cinco comunidades del Pueblo Guaraní y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) contra la Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales de la Provincia de Jujuy, para que se considere la nulidad de las autorizaciones de desmonte otorgadas en el Departamento de Santa Bárbara, a partir de la entrada en vigencia de la ley 26331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, más conocida como ley Bonasso hasta la actualidad.
Los amparistas destacaron que la ley 26331 obligaba a las provincias a implementar instancias de participación pública, “que en Jujuy fueron totalmente salteadas, obviando el espíritu de creación de la ley de bosques que es la conservación de los bosques nativos remanentes, mediante un proceso de participación abierta y de todos los ciudadanos y pobladores”.
Sin embargo, “en la provincia se aprobó el Plan de ordenamiento por medio de un decreto, que es producto de un convenio entre el gobierno provincial y la Fundación Proyungas. No hubo instancias de consultas o audiencia públicas, además de no darse el debate parlamentario, por la importancia del tema, en la Legislatura”, advirtieron.
“En el plan aprobado por decreto, no hay una descripción ni análisis pormenorizado de las masas boscosas forestales en sus aspectos ecológicos, culturales, sociales y económicos, ni un inventario forestal con un nivel de detalle que permita justificar la zonificación que se realizó”, agregaron.
Subrayaron que actualmente se continúan autorizando desmontes, que para el Departamento de Santa Bárbara supera las 13.000 hectáreas sin evaluar correctamente las consecuencias sociales y ambientales que los mismos ocasionarán en una región tan sensible como esta. Además, están los graves daños que ocasiona la quema de los cordones de los desmontes, provocando incendios forestales descontrolados que afectan actualmente la región del ramal jujeño, añadieron.
Las organizaciones solicitaron la declaración de emergencia forestal, en virtud de los incendios de los últimos meses y llamaron la atención sobre la responsabilidad del Gobierno provincial respecto del futuro los bosques jujeños; la biodiversidad, posibles desalojos de campesinos y comunidades, además del riesgo de inundaciones.
También pidieron sanciones al Gobierno provincial y a la empresa Ledesma, por no arbitrar los medios necesarios para garantizar la protección del Lote Sauzalito, que hacía de “puente verde” para conectar la yunga con el sector chaqueño.
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