Además de no permitir la instalación se busca eliminar su publicidad y clausurar los establecimientos en funcionamiento. Además se contempla una pena de hasta 60 días de arresto.

La iniciativa de Escobar prevé que el ministerio de Coordinación de Gabinete, Seguridad y Trabajo habilite un teléfono para denuncias, contener a las personas que ejerzan la prostitución, interactuar con el ministerio de Justicia nacional en caso de trata de personas y efectuar las denuncias ante la Justicia provincial y federal.

El objetivo es evitar la explotación y oferta sexual en cualquier modalidad, con o sin consentimiento, pero penando al que promueve o saca provecho de ella, no al que la ejerce, sostiene el legislador.