USHUAIA.- Por entender que un decreto no puede afectar los efectos de una ley, el diputado por el PRO, Federico Pinedo, presentó un proyecto para dejar sin efecto el decreto 751/12 de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el cual alteró las reglas impositivas a las empresas petroleras, las que están obligadas ahora a pagar los impuestos de IVA y Ganancias.

El proyecto fue girado a dos comisiones, una de las cuales es Energía, la que está bajo la presidencia de Rosana Bertone, del Frente para la Victoria, representante fueguina, quien es ultrakirchnerista.

«Es claro que no existe posibilidad alguna de que una norma inferior, como un decreto, pueda dejar sin efectos normas de rango superior, como la ley, salvo que pensemos que no es un Estado de Derecho en el que vivimos», indica uno de los párrafos del fundamentos esgrimido por el legislador del partido de Mauricio Macri.

«Esta norma administrativa conculca y afecta normas de carácter superior por ser ella de rango inferior conforme el artículo 31 de nuestra Constitución Nacional», subraya el proyecto que consta de un sólo artículo, en el cual se dicta la derogación del decreto en cuestión.

Reacción de los fueguinos

La iniciativa del PRO es la única que se conoce como reacción contraria al decreto, en forma documentada. Algunos representantes fueguinos en la cámara baja la criticaron, pero solamente en expresiones, tal como el caso de Jorge Garramuño, del Movimiento Popular Fueguino, quien parece ser el único que podría acompañar la iniciativa y quien integra la comisión de Energía.

Los dos legisladores del Frente para la Victoria (Bertone y Julio Catalán Magni) y del Partido Justicialista (Rubén Sciutto), están alineados con la decisión presidencial.

Es de resaltar que en la esfera del Ejecutivo provincial, el pronunciamiento fue no atacar la medida y adecuarse a ella, entendiendo que se afecta a un sector que se vio por años beneficiado y que muy poco aportó a la Tierra del Fuego.

Cuestión de defensa

Más allá del proyecto que se conoció del PRO, en Río Grande los sectores de la producción expresaron su preocupación por la medida que avanza sobre la Ley 19.640, entendiendo que «no se deben dejar ventanas abiertas», ante la posibilidad que se puedan hacer más retoques a la normativa y quitar más beneficios.

Las versiones sobre posibles avances en la actividad de compra y venta de autos, generó alarma y por ello, los empresarios entienden que debe haber un pronunciamiento de los gobernantes y representantes políticos, en el sentido de una defensa de la ley de promoción económica.