La fiscalía brasileña presentó ayer en los tribunales la primera denuncia penal contra un militar al que se responsabiliza de crímenes cometidos durante la represión política de la dictadura que gobernó el país entre 1964 y 1985, en una acción que pretende eludir la Ley de Amnistía, sancionada por el propio gobierno militar en 1979. El Ministerio Público acusó al coronel retirado del Ejército Sebastião Curió Rodrigues de Moura de ser el autor del secuestro de cinco guerrilleros en la región amazónica de Araguaia en la década del ’70 y que continúan desaparecidos.

Según la denuncia, los guerrilleros Maria Célia Corrêa (Rosinha), Hélio Luiz Navarro Magalhães (Edinho), Daniel Ribeiro Callado (Doca), Antônio de Pádua Costa (Piauí) y Telma Regina Cordeira Corrêa (Lia) fueron secuestrados entre enero y septiembre de 1974 por tropas comandadas por Curió y fueron vistos por última vez en bases militares también lideradas por el militar. Precisamente el acusado, que tiene 78 años y fue una figura central en la represión militar al movimiento guerrillero de Araguaia, reveló en 2009 durante una entrevista al diario O Estado de Sao Paulo que entre 1972 y 1975 las fuerzas del régimen militar mataron a 67 guerrilleros, de los cuales 41 fueron ultimados cuando ya se habían entregado.

Pese a que la Ley de Amnistía que firmó el último presidente del régimen militar benefició tanto a los opositores del régimen como a los agentes de la represión, la acusación se basa en el hecho de que, como los cuerpos de los guerrilleros no han sido localizados y no se conoce la fecha ni las circunstancias de su muerte, el secuestro sigue en curso y el delito no puede ser beneficiado por el decreto de 1979, que sólo perdonó a los crímenes practicados hasta agosto de ese año.

“Es irrelevante la simple sospecha de que las víctimas estén muertas”, afirma el documento elevado a la justicia de la amazónica ciudad de Marabá. “El hecho concreto y suficiente es que todavía no se conoce el paradero de tales personas y tampoco han sido encontrados sus restos mortales”, afirma la denuncia, que enfatiza que sólo hay pruebas materiales del secuestro y de los malos tratos a las víctimas.

Si la justicia acepta la denuncia, Curió podría ser condenado a hasta 40 años de cárcel y los movimientos de Derechos Humanos podrán celebrar su primera victoria en la lucha por responsabilizar a los autores de torturas y asesinatos políticos durante la represión a los opositores de la dictadura.

La primera denuncia penal relativa a delitos practicados durante la dictadura llega a la justicia poco más de un año después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hubiese ordenado a Brasil poner en marcha investigaciones sobre delitos contra los Derechos Humanos practicados por la dictadura, incluso para “determinar las correspondientes responsabilidades penales y aplicar efectivamente las sanciones”.

El organismo advirtió también que los delitos contra los Derechos Humanos son crímenes contra la humanidad, y por ello sus autores no se pueden beneficiar de una amnistía. Por esta razón, la decisión de la fiscalía de pedir una acción penal contra Curió fue festejada en los Estados Unidos por la organización Human Rights Watch, que consideró la iniciativa como “un paso histórico”, y recordó que, durante la dictadura, 475 personas desaparecieron en Brasil, “y otras miles fueron encarceladas y torturadas ilegalmente”.