El fiscal de Estado ya enfrentó un pedido similar en 2010. Ahora se lo acusa de no defender a Mendoza de las retenciones indebidas de la Nación y no reclamar un mejoramiento del valor de las regalías petrolíferas. Sospechas de favorecimiento a particulares.
Gutiérrez será acompañada por los senadores macristas Gustavo Valls y Gustavo Cairo y los diputados radicales Daniel Di Martino, Roberto Infante y Alejandro Limas. Entre todos llevarán el peso de la acusación contra el fiscal de Estado.
Sin reclamos
El caso ejemplar tiene que ver con la actuación de De Rosas en defensa de la provincia y se refiere a una historia que también tiene larga data, pero que ha vuelto a agitarse en estos días. En el año '92, el Gobierno de Carlos Menem firmó con las provincias el Pacto Fiscal I, por el que las provincias cedían 15% de la masa coparticipable a la Anses para que este organismo pudiera pagar las jubilaciones de los pasivos que cobraban del Estado.
Cabe recordar que, por ese entonces nacieron las AFJP y los aportes de los trabajadores iban a las flamantes empresas de jubilaciones y pensiones, por lo que la Anses estaba sin recursos.
Durante años este Pacto Fiscal fue renovado en las sucesivas sanciones de la Ley de Presupuesto nacional de cada año, hasta el 2010, cuando el Gobierno Nacional no consiguió la sanción de su pauta de gastos. Pero la presidenta Cristina Fernández siguió aplicando el recorte de la masa coparticipable, pero bajo el paraguas de un decreto.
Como se trata de recursos nacionales de las provincias, estos fondos están amparados por las previsiones del artículo 75 de la Constitución nacional, por lo que el Gobierno nacional no podría hacer la retención por decreto. Sin embargo, el fiscal de Estado, como encargado de proteger el patrimonio de la provincia, no ha presentado ni una queja al respecto, como sí lo han hecho los fiscales de Estado de Santa Fe y Corrientes.
El otro caso presentado por los legisladores se refiere al cobro de regalías petrolíferas por parte de la provincia. Por la Ley de Emergencia del 2002, el Gobierno Nacional fija en 42 dólares el precio máximo del barril de petróleo para liquidar el pago a las provincias, aún cuando el precio internacional supera ampliamente ese monto, desde hace varios años. Actualmente, un barril cuesta alrededor de 100 dólares.
Sin embargo, el Fiscal de Estado no ha presentado ningún reclamo al respecto, para acrecentar los recursos que ingresan a la provincia.
Otros antecedentes
Cabe recordar que no es el primer pedido de Jury de Enjuiciamiento que enfrenta De Rosas. En el 2010, fue acusado por los senadores radicales encabezados por Armando Camerucci por haber retirado la demanda de Mendoza contra el decreto 699/2010 que firmara la presidenta Cristina Fernández y por el que se extendieron los beneficios de la promoción industrial.
La vida de Joaquín de Rosas como fiscal de Estado nació turbulenta. Después de estar años bajo la sombra de otros fiscales, como Aldo Giordano y Pedro Sin, De Rosas se transformó en el titular de ese organismo extra poder en el año 2010. Pero cuando el pliego con sus antecedentes llegó al Senado para ser sometido a una sesión de acuerdo, llegó una denuncia presentada por un abogado que mantuvo estrechos vínculos con el grupo Vila-Manzano: Alberto Ortubia.
El letrado recordó una vieja historia que involucraba a la familia Vila, una deuda abultada con los bancos oficiales, un juicio de expropiación de terrenos y una maniobra en la que la intervención del fiscal de Estado fue clave para beneficiar al empresario.
Más causales
Esta historia, que sirve de muestra para comprender el alcance de la presentación en contra de De Rosas, fue rescatada por los denunciantes actuales. El caso se divide en dos relatos que se mezclan sobre el desenlace.
Por un lado, están los dos créditos que debía la familia Vila de los ex bancos oficiales, uno solicitado por Dalvian SA, allá por 1979, el otro de Jorge Stornell SA que fue traspasado a la familia cuando Daniel Vila compró Canal 7 de Mendoza y 8 de San Juan, a mediados de los '80. En total, la deuda que pasó al Ente de Fondo Residual (EFOR) ascendía a los 3,5 millones de dólares.
Cabe recordar que, cuando los bancos oficiales fueron privatizados, se creó el EFOR, ente que administraba y buscaba cobrar los créditos que el banco privado no quiso quedarse en su cartera, por considerarlos incobrables.
Por otro lado, el relato se va hacia la Reserva Divisadero Largo, que fue creada en la zona del pedemonte allá por el año '83. Esta parte de la historia tuvo su correlato judicial y fue resuelto hace poco tiempo por la Suprema Corte de Justicia, tribunal que emitió un fallo lapidario contra De Rosas.
Para que esa reserva pudiera existir, el Gobierno debió expropiar terrenos de siete diferentes dueños. De acuerdo a los denunciantes, De Rosas intervino y le consiguió un muy buen precio a dos de esos dueños: Daniel Vila y Dalvian SA. El Estado debía pagarles a estos dos propietarios diez veces más de lo que cobrarían los otros cinco por metro cuadrado expropiado.
Obviamente que el caso fue judicializado por los otros dueños de tierras. Mientras se desarrollaba el juicio, el grupo Vila-Manzano buscó saldar sus deudas con el EFOR, usando el crédito a favor que tenía abierto con el Estado por la expropiación.
Así fue que en 2001 inició gestiones, en las que el Fiscal de Estado nuevamente fue clave. A pesar de que los técnicos del EFOR pretendieron sostener la deuda exigible y garantizada con parcelas en Dalvian, el grupo económico logró que de los 3,5 millones de dólares que debía, gracias a quitas terminara debiéndole al EFOR 1,5 millones de pesos. Pero, gracias a la tasación del Fiscal de Estado de los terrenos de Divisadero Largo, el Gobierno le debía a Vila-Manzano 3 millones de pesos.
Así es que Vila logró compensar deudas y los abogados intervinientes, incluido el propio fiscal de Estado, terminaron cobrando honorarios por su participación en el expediente.
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