La iniciativa busca combatir el negocio de la usura, por ello promueve que los préstamos de dinero o de financiamiento por la compra de bienes o servicios cualquiera fuere su monto, deberán ser instrumentados por escrito, firmados por ambas partes -acreedor y deudor-, especificando el costo total de cada operación.

Otro punto relevante de la propuesta presentada por Guerrero establece que se considerará como presunta usura en el caso de que no exista un contrato por escrito, que la persona prestamista no se encuentre inscripta en el Registro Provincial de Entidades de Financiamiento o Prestamistas.

Se considerará también usura cuando la tasa de interés compensatorio o resarcitorio supere en un porcentaje mayor al veinte por ciento anual (20 %) a la tasa de interés activa para operaciones de crédito para consumo establecida por el Banco de la Nación Argentina.

La diputada propone la creación de un Registro Provincial de Entidades de Financiamiento o Prestamistas que funcione dentro del ámbito de la Dirección de Defensa al Consumidor.

Descuentos

En relación con los códigos de descuentos que habitualmente utilizan las financieras, fija que sólo podrán establecerse convenios para el débito de haberes de los empleados públicos para cuotas societarias, cualquiera fuera su situación laboral. Los convenios podrán realizarse con Asociaciones Mutuales que se constituyan en organismos del Estado Provincial, cuyos socios sean exclusivamente empleados públicos provinciales activos, revistan estos en planta permanente o no.

También podrá asociarse para el posterior descuento a Asociaciones Sindicales que cuenten con personería gremial y Colegios de Profesionales.

Con respecto a las entidades bancarias que por convenio presten al Estado el servicio de agente financiero, y durante el período de vigencia de la prestación del servicio, el descuento será únicamente para el pago de cuotas de amortización de préstamos y sus respectivos intereses y/o de consumos efectuados con tarjetas de compra y/o de créditos otorgados por la misma, y que sean de titularidad de los agentes públicos.

En todos los casos, los descuentos se realizarán previa presentación por parte de la entidad beneficiaria del descuento, de la expresa autorización por escrito del empleado público. Y cuya firma deberá ser ratificada por escrito por el agente ante la autoridad administrativa.

Sobre los convenios contraídos con otras entidades públicas provinciales sólo se contemplará para el pago de cuotas de préstamos para la vivienda y/o para consumo, otorgados respectivamente por el Instituto Provincial de la Vivienda y/o la Administración General de Juegos y Seguros.

Sanciones

Por último, en el proyecto se establece claramente que en caso de confirmarse que la entidad practique la usura, la autoridad de aplicación será la Dirección de Defensa la Consumidor que podrá actuar de oficio, mediante la realización de operativos de inspección, fiscalización y control realizados contra los prestamistas.