Presentan al PE un crítico informe sobre la reforma tributaria

Colegios profesionales y entidades empresariales entregarán hoy al Gobierno y a la Legislatura un documento que resume las inquietudes y advertencias de esos sectores respecto a las polémicas modificaciones introducidas por el alperovismo al Código Tributario.
Dirigentes empresarios y profesionales, encabezados por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán (CGCET), concurrirán hoy a las 11.00 a la Casa de Gobierno para hacer entrega de un crítico informe respecto a las recientes modificaciones introducidas al Código Tributario.

Las entidades informaron que dejarán en manos del PE el documento -también remitirán una copia a la Legislatura-, que resume las inquietudes y advertencias de los sectores empresariales, productivos y profesionales respecto a la nueva normativa fiscal de Tucumán con el objetivo de que sea revisada.

Además del CGCET, forman parte de esta "movida" contra la polémica reforma tributaria los empresarios del Sur, la Federación de Profesionales Universitarios de Tucumán (FEPUT), los colegios Médico y de Abogados, la Sociedad Rural de Tucumán (SRT), la Fundación del Tucumán y el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART).

Por su parte, la Federación Económica de Tucumán (FET), si bien mantuvo reuniones con las otras entidades para intercambiar inquietudes respecto a la polémica modificación al Código Tributario, finalmente decidió no acompañar con su firma el documento que será entregado hoy a las autoridades.

Como se recordará, los cambios a la normativa fiscal fueron aprobados por la Legislatura "entre gallos y medianoches" en la última sesión de 2011, en vísperas de las Fiestas Navideñas.

La norma en cuestión, además de otorgarle "superpoderes" a la Dirección General de Rentas de la provincia (DGR), que conduce Pablo Clavarino, vulnerando derechos de los contribuyentes, impactará sin piedad en el bolsillo de los tucumanos, con ajustes del 50 por ciento en las alícuotas de los impuestos a partir de 2013.

El CGCET, que fue la primera institución en poner el grito en el cielo por los cambios avalados por el alperovismo legislativo, consideró que esta medida implica ni más ni menos que la instauración de "una dictadura fiscal" en la provincia.

"La sanción de la Ley que reforma el Código Tributario de la Provincia ha generado una fuerte preocupación en los contribuyentes que se ven nuevamente atacados por legislaciones que conculcan sus derechos llegando, inclusive, a ignorar al Poder Judicial", advirtió oportunamente el CGCET, en una declaración pública, que fue anticipada en exclusiva por este diario.

"Reconocemos plenamente y promovemos la facultad que tiene el Estado para cobrar sus tributos, pero en un estado de derecho, se deben respetar a ultranza los medios legales constitucionales porque, de lo contrario, el avance del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y Judicial es tan grave que se transforma en un modo de dictadura", sentenció en esa oportunidad la entidad profesional.

Entre otras críticas, los contadores advirtieron que las modificaciones introducidas al Código Tributario "atentan contra la Constitución y los Pactos Internacionales de raigambre Constitucional", especialmente "el artículo que 'obliga' a los jueces a otorgar las medidas cautelares a solicitud de la DGR".

En este sentido, advirtieron que "en una verdadera democracia los jueces deben proteger a los ciudadanos".

"El Poder Judicial debe constituirse en la última defensa de la sociedad cuando el Estado trata de avasallar sus derechos", apuntaron desde la institución.

Desde el CGCET también señalaron que "el hecho de que nuestra Legislatura haya sancionado esta Ley que contiene aberraciones jurídicas, no quiere decir que se ajuste a derecho por el solo trámite de tener el voto favorable de los legisladores. Sabido es, y así lo enseña nuestra historia jurídica, que existen leyes sancionadas por el Poder Legislativo y que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales", sentenciaron.

Finalmente, los contadores apuntaron que "la Ley le otorga en forma discrecional 'superpoderes' al fisco, que tendrán como consecuencia inevitable verdaderos abusos que colocarán a los ciudadanos en un estado de indefensión aún mayor del que ya sufría con el discrecional proceder de la DGR".

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