El referente del Partido Social de la ciudad de Buenos Aires Facundo Di Filippo presentó -con el patrocinio de los abogados ambientalistas Enrique Viale y Jonatan Baldiviezo, también integrantes del mencionado partido- una acción de amparo contra el Gobierno porteño en relación a las obras de construcción del Metrobus en la Avenida 9 de Julio, requiriendo que se paralicen los trabajos, se declare nula la licitación de las obras y se proceda a la recomposición del ambiente dañado.

El expediente será tramitado en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Nº 14, a cargo del juez Guillermo Scheibler.

El amparo presentado por Di Filippo plantea que las obras del Metrobús Corredor 9 de Julio están destruyendo el paisaje cultural urbano de la 9 de Julio, referencia mundial de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los espacios más emblemáticos de la metrópolis e integrante del patrimonio urbano de nuestra ciudad.

Asimismo, explica que las obras carecen de legalidad porque se omitió la aprobación legislativa previa correspondiente. "Están destruyendo sus plazoletas, sus frondosos árboles -más de 200 afectados-, modificando la Plaza de la República donde se emplaza el Obelisco y alterando radicalmente la fisonomía y un paisaje urbano que debiera ser protegido. Por lo tanto, se ha lesionando el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano", señalan desde el Partido Social.

Asimismo, alertan que el Metrobus 9 de Julio se superpone con la traza de la Línea C del subte y competirá con el mismo, "omitiendo cualquier planificación integral entre los modos de transporte. Esa migración de pasajeros/as del subte al colectivo empeorará significativamente la calidad de los servicios. Esto evidencia una pésima planificación por parte del Gobierno de la Ciudad".

En la demanda presentada se denuncia, a su vez, que el Gobierno porteño está llevando adelante estas obras sin la correspondiente aprobación del Poder Legislativo, "siendo imprescindible contar con las leyes que autoricen la traza del Metrobus y las obras correspondientes, como así también la falta del convenio necesario entre la Ciudad y la Nación -que debe ser también aprobado por la Legislatura- para que operen la líneas de colectivos que se planean para ese corredor. Asimismo, se incumple con la obligación estatal de protección del paisaje cultural urbano, que integra el derecho a un ambiente sano y equilibrado (artículo 41 de la Constitución nacional, artículos 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad y artículos 11 y 24 inciso a. del Plan Urbano Ambiental".

Al respecto, Di Filippo sostuvo: "El Gobierno de Macri está avanzando con estas obras de un modo completamente ilegal. Mientras se llena la boca hablando del respeto a las instituciones, avasalla las competencias propias del Poder Legislativo de la Ciudad para encarar una obra que afectará en forma irremediable la calidad de vida de quienes habitamos Buenos Aires, implementando una tala indiscriminada del arbolado urbano y transformando para siempre una de las avenidas más emblemáticas, que se ha constituido en postal de Buenos Aires".

Y concluyó: "Los porteños no tenemos por qué pagar el capricho de un Jefe de Gobierno que quiere utilizar los fondos públicos para aumentar sus magras chances electorales en la carrera presidencial que se ha propuesto".