La presentación formulada por el presidente del partido, Julio Martínez y de vicepresidente, Inés Brizuela y Doria, solicita habilitación de días y horas inhábiles para su tratamiento, y el dictado de una medida cautelar, tendiente a que los jueces y el Fiscal General, designados obviando el procedimiento previsto en el decreto 473/04 y en violación de la Ley de Ética Pública, se abstengan de ejercer dichos cargos hasta tanto se resuelva el planteo de fondo, y evitar así las consecuencias nefastas que traería aparejado el funcionamiento de lo que consideran un "tribunal de facto".

Mediante la acción planteada, "se pone al descubierto la inexistencia del Decreto 203/11, invocado por los diputados oficialistas para justificar la inobservancia del procedimiento de publicidad previsto el Decreto 473/04. Cabe recordar, que el Decreto 473/04, dictado por el entonces Gobernador Maza y rubricado por Beder Herrera como Ministro Coordinador, y Alejandra Oviedo como ministra de Gobierno, prevé un procedimiento previo al ejercicio de la facultad del Gobernador de proponer los integrantes del Tribunal Superior: los postulantes deben aceptar la propuesta ante el Poder Ejecutivo, y acompañar sendas declaraciones juradas de bienes, y de antecedentes profesionales y de formación técnica; todo lo cual debe ser publicado por 3 días en los diarios de circulación local. Luego de la publicación, se abre un período de impugnaciones y observaciones, para que los ciudadanos puedan manifestar lo que consideren necesario respecto de los candidatos. Recién transcurridos los 15 días de la última publicación, el Gobernador puede elevar su propuesta a la Cámara".

Ese fue el procedimiento utilizado para designar al ex juez Angel Ávila, al actual presidente José Luna Corzo, y al renunciado Francisco Martínez, dice la UCR Denuncia que "en esta oportunidad, no fue respetado dicho proceso legal, ya que desde la bancada oficialista presidida por un desmemoriado Mario Guzmán Soria, se argumentó que el procedimiento había sido derogado por un decreto de febrero de este año".

Decreto sin publicar

La candidata a diputada nacional por el Frente Cívico, junto al diputado Juan Amado, se constituyeron en el Boletín Oficial de la Provincia junto a una Escribana Pública y pudieron constatar que dicho decreto derogatorio del anterior no había sido publicado oportunamente; y en consecuencia, al momento de invocar su aplicación en la Cámara de Diputados, no estaba vigente. "En otras palabras, no existía tal decreto de derogación del decreto" 473/04.

"Esta conducta merece el mayor de los reproches, ya que habría acuerdo entre las tres funciones del Estado para invocar y aplicar una norma inexistente".

Ley de Ética Pública

Los radicales advierten que "en plena sesión del 16 de junio, y luego de que el jefe de la bancada oficialista (actual candidato a Senador Nacional), argumentara la vigencia de la Ley de Ética Pública para justificar lo innecesario del procedimiento de publicidad previo, la Cámara de Diputados, consiente una flagrante violación a la misma Ley, cuando permite que el diputado Délfor Brizuela -hermano de uno de los postulantes al TSJ, el abogado Luis Brizuela-, participe del tratamiento del punto en cuestión y vote favorablemente la designación de su hermano como Juez del Tribunal Superior de Justicia.

"Este hecho, está prohibida por la Ley de Ética Pública (7931) en su artículo 3° y convierte una nulidad absoluta la designación realizada por la Función Legislativa, y alcanza a los tres jueces propuestos, ya que la votación fue una sola, por los tres al mismo tiempo".

En este marco, desde la oposición se formuló la pertinente recusación contra todos los integrantes del TSJ para resolver la acción planteada; y solicitaron que el tribunal que entienda en la causa haga lugar al planteo, dejando sin efecto la designación efectuada en clara violación del sistema jurídico vigente.

"Frente a éste régimen de los hechos consumados, tenemos la obligación como principal fuerza de oposición en la Provincia, de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto de las instituciones", señaló Brizuela y Doria.

"El Tribunal Superior, como cabeza del Poder Judicial, no es el brazo político de la Justicia, como lo plantea el oficialismo. Muy por el contrario, tiene la sagrada misión de ser garante de la Constitución, pacto social de cumplimiento obligatorio para los ciudadanos, cuanto más para las autoridades constituidas. Consentir la violación de la Ley para integrar un tribunal de amigos, implica dejar a los riojanos a merced del capricho de cualquier gobernante. Por más poderosos que se sientan algunos, nadie en La Rioja puede estar por encima de la Ley", aseguró la primer candidata a Diputada Nacional del Frente opositor.