La iniciaron Asociaciones de Derechos Humanos, vecinales, diputados y la Defensoría del Pueblo.
El defensor del Pueblo de la ciudad, Juan José Dutto, explicó que era necesario interponer una “demanda sumarísima de consumo en los términos del artículo 53 de la Ley 24.240 contra la Provincia a los fines de que se ordene al estado provincial que dé cumplimiento al pliego de condiciones generales y particulares de la licitación 1.493 y en consecuencia se ordene a la demandada se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado por el decreto 953/2010 begin_of_the_skype_highlighting 953/2010 end_of_the_skype_highlighting”.
Dutto comentó que pretenden que se ordene al estado provincial que se abstenga de incursionar “por vías de hecho o dictar actos administrativos que importen la inobservancia y violación del marco normativo vigente”. “A los fines de tutelar el derecho constitucional de propiedad de los usuarios, perjudicados por el accionar administrativo, arbitraria e ilegalmente se produce un incremento infundado y exorbitante de la tarifa del peaje sobre el tramo concesionado”, agregó Dutto.
Defensa
El representante legal de la Defensoría, Christian Galván, explicó que la Ley 24.240 de defensa del consumidor permite que no solamente los usuarios individuales puedan ampararse en la figura del defensor del Pueblo y de las asociaciones de consumidores sino que también puede hacerlo un colectivo de usuarios. Aseguró que entienden que es una cuestión que avanza sobre todos los habitantes de la zona.
Galván añadió que la ventaja al presentarla a través de la defensoría del Pueblo es que el éxito de esta demanda abarcaría a todos los usuarios del peaje. Según el letrado, se va a correr traslado a la Provincia para que conteste y dependerá del juez la resolución en los próximos días.
Por último, la legisladora de Libres del Sur Paula Sánchez dijo que continuarán indagando la presentación de otras acciones que ataquen el fondo de la cuestión hasta que se dé por finalizado el peaje sobre la ruta 7.
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