En un encuentro realizado en el Gobernación bonaerense, representantes de la Comisión Provincial por la Memoria le presentaron los resultados de su informe anual 2012 titulado “En democracia no puede haber tortura”.
Al salir de la reunión y en diálogo con los periodistas acreditados en La Sala de Periodistas de Gobernación, Adolfo Pérez Esquivel uno de los presidentes de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) comentó: “Queríamos hacerle entrega de esto (el informe) al Gobernador, como también a los funcionarios que están trabajando sobre los problemas de seguridad en las cárceles. Se quedó en conformar una mesa de trabajo y considerar este informe como un aporte para la solución de los problemas para poder desterrar los casos de tortura y maltratos en las comisarías como las condiciones en las cárceles”.
“Podemos considerar una reunión positiva”, agregó el Premio Nobel de la Paz.
En ese sentido comento que desde la CPM le plantearon a Scioli algunos de los “problemas que están vigentes” y con “mucha preocupación” como el caso de Luciano Arruga y lo que pasó con su hermano. Así también la situación de la Policía Bonaerense.
“La forma de cambiar esas políticas, que si bien no son políticas de Estado, si son los remanentes que van quedando dentro de las fuerzas”, destacó Pérez Esquivel.
Según lo que comentó a los medios, el Gobernador “tiene todo el ánimo de colaboración” y de “ver la situación en base a los aportes de la Comisión”, como así “una preocupación sobre el mejoramiento de los institutos penitenciarios, como la reforma de la Policía Bonaerense”.
A su turno, otro de los presidentes de la CPM, Hugo Cañon anunció que el organismo presentará el informe públicamente el próximo martes 14 en el Pasaje Dardo Rocha y la reunión de hoy se realizó hoy por la imposibilidad de que Scioli los reciba la fecha mencionada.
“Le hemos presentado el informe y hemos recalcado lo que significa la matriz básica que nos preocupa en los establecimientos de detención de la Provincia como la tortura”, dijo Cañon.
“Él (Scioli) compartió esta preocupación y nos preguntó cuáles considerábamos los avances que se habían dado y puntualizamos, por ejemplo, que la Unidad 29 deje de ser una unidad de traslado, que haya más control civil con respecto a las fuerzas penitenciarias y policiales”, agregó.
En ese sentido, el representante de la CPM comentó que “hay un avance notorio y manifiesto de parte del Gobierno provincial para tener un control de estas fuerzas para poder democratizarlas y poder terminar con esta falta de consideración a la condición humana que es la tortura”.
En relación al caso de Luciano Arruga, Cañon expresó que se le remarcó a mandatario provincial que “es un caso de desaparición forzada de persona, pero que todavía sigue siendo titulada como averiguación de paradero”, como así también que hay una “responsabilidad primaria de la Policía del lugar que amedrenta no solamente al hermano de Luciano Arruga, sino a otros pibes amenazando y diciendo que les puede pasar lo mismo que a Luciano”.
“El Gobernador tomó nota de esto con preocupación y quedó en ocuparse directamente del tema, lo cual es un signo muy positivo, porque el poder civil tiene que monitorear todo ocurre en un partido como La Matanza, porque además de las amenazas a estos pibes se ha dado al APDH donde desapareció documentación”, afirmó el integrante de la CPM.
Además los miembros de la comisión anunciaron que se han abordado otros temas de agenda abierta y que hay una actividad muy importante a futuro que tiene que ver con las salidas laborales de los internos cuando son liberados.
“También propusimos la necesidad de avanzar en el desarrollo legislativo del protocolo facultativo para que haya un órgano de control y monitoreo en las cárceles de la Provincia”, formuló y añadió que Scioli “tomó nota atenta de todo esto y destacó la labor de la Comisión”.
En ese camino, Cañon plasmó que también se planteó que “hay un alto riesgo, no solamente en la Provincia de Buenos Aires, sino en todo el país de lo significa el funcionamiento institucional formal y que se vaya perdiendo en cuestión de territorio a través del funcionamiento de mafias que tienen que ver con el narcotráfico, trata de personas, pero que no son mafias privadas, sino que tienen que ver con complicidades policiales y penitenciarias”.
“Si esto se llegara a desarrollar a niveles extremos podemos sufrir procesos como otros países como es el caso de México que son de alta peligrosidad”, sentenció el referente de la CPM.
A su turno, el secretario ejecutivo de la Comisión, Alejandro Mosquera enunció que “junto con Policía Judicial le propusimos crear un equipo para un diseño de la transformación de la Policía en la Provincia”, esto se sumaría a la “responsabilidad de atacar la violencia y la tortura contra los pibes”.
En el marco de los puntos que se trataron con Scioli, Mosquera contó que también se propuso crear un equipo -similar al que se creó a nivel nacional para la modificación del Código Penal- para modificar el Código Procesal, ya que en la Provincia “está desarticulado porque hubo treinta modificaciones en los últimos años que la desarticularon”.
Desde la CPM concordaron en que “el Estado se tiene que hacer cargo de la lucha contra la tortura” y que “el piso básico que tenemos es que en democracia no puede haber torturas”.
Finalmente, Cañon recordó que durante la gestión Felipe Solá se creó la prohibición de sacar fotos y filmar dentro de las cárceles. “Venimos reclamando desde hace tiempo que esto se levante, porque una forma de visibilizar todo lo que signifique tortura, maltrato y crueldad dentro de las cárceles es a través de los registros fílmicos y fotográficos, porque a veces la palabra no alcanza”, afirmó.
“El Gobernador se comprometió y dio directiva a los colaboradores que lo rodeaban para que esta prohibición cese y podamos tener registros”, sostuvo Cañon.
Según informaron, participaron de la reunión el Gobernador, Daniel Scioli; la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodriguez, el secretario de Derechos Humanos, Guido Carlotto, y el subsecretario en Política e Investigaciones Criminales del Ministerio de Seguridad y Justicia, César Albarracín.
INFORME 2012: “EN DEMOCRACIA NO PUEDE HABER TORTURA”
De acuerdo con el documento presentado al Gobernador bonaerense por la CPM, los datos relacionados con las inspecciones y relevamientos realizados el año pasado, en 2011 fueron recibidas 7.089 denuncias por maltratos, torturas y otras violaciones a los derechos humanos, lo que representa, como se dijo, un 30% más que el año 2010).
También se consigna que 126 personas murieron en las cárceles, de las cuales el 40% fueron decesos por causas traumáticas y se registraron 10.458 hechos violentos informados por el Servicio Penitenciario, lo que representa un incremento del 31% respecto de 2010. Y en ese contexto, en 8 de cada 10 casos de estos hechos se lesiona el cuerpo de los detenidos.
Además hace mención a la superpoblación carcelaria al consignar que hay 18.640 plazas en los penales en las que se alojan 27.991 detenidos.
“El sistema de la crueldad, que da cuenta de las violaciones a los derechos humanos en los lugares de encierro y de otras situaciones de violencia institucional en territorio bonaerense”, sostiene el documento. Y añade que el trabajo “que se viene realizando desde hace años en cárceles, comisarías e institutos de menores, revela el agravamiento de los problemas estructurales y realiza una serie de propuestas tendientes a mejorar la situación”.
“La tortura como práctica sistemática, el hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la corrupción estructural siguen siendo los ejes principales del diagnóstico”, reseñó la Comisión por la Memoria.
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