El Estado argentino solicitó ayer a la Organización Mundial del Comercio (OMC) abrir consultas con Estados Unidos en relación a las restricciones que Washington impone a los limones tucumanos.

El Gobierno nacional afirma que la prohibición de las importaciones de dichos cítricos en los últimos once años "carece de justificación científica y configura una prohibición a la importación incompatible con las normas del Acuerdo MSF y del GATT 1994".

Además, nuestro país argumentó que "Estados Unidos incurre en discriminación contra los limones frescos" y que esta medida le impide recibir "los beneficios que de las eventuales exportaciones a Estados Unidos se derivarían". "Las medidas de los Estados Unidos anularían o menoscabarían los beneficios que para Argentina se derivan, directa o indirectamente, de los acuerdos abarcados", reza otro de los argumentos esgrimidos por la Nación.

Con esta nueva disputa, Argentina acumula siete procesos ante la OMC, tres como demandante y cuatro como demandado, en el plazo de tres meses, en una "guerra comercial" que nace de las políticas de importación de nuestro país, vistas por varios países como "proteccionistas"" y contrarias al espíritu del libre comercio.

Una cuarentena de países se han manifestado de una manera u otra contra las licencias no automáticas y otras medidas que nuestro país impone a las importaciones de un amplio abanico de mercancías, como neumáticos, tractores, computadoras portátiles, electrodomésticos, químicos, automóviles, maquinarias, textiles o papelería.

La Argentina reaccionó el 20 de agosto reclamando consultas con la UE y España por las restricciones de este país a la importación de biodiesel, en las que Argentina se siente perjudicada, y un día después Estados Unidos y Japón también plantearon individualmente una disputa contra el país sudamericano por su política importadora. México hizo lo propio el pasado día 24.

La solicitud de consultas es el primer paso del mecanismo de solución de disputas de la OMC para dirimir los problemas entre sus Estados miembros, y establece un periodo de 60 días para que las partes lleguen a un acuerdo, algo que ocurre en contados casos.