Finalmente el oficialismo legislativo salió al cruce del proyecto radical que busca implicar al gobernador Paco Pérez en un juicio contra la Nación por los millonarios descuentos de coparticipación federal que aplica ANSES.

El "contraproyecto" peronista pertenece al senador Sergio Vendramín, presidente de la comisión de Hacienda del Senado. El legislador propone que el Estado mendocino adhiera al decreto de necesidad y urgencia que firmó Cristina en 2010 (número 2054), en el cual quedó prorrogado el pacto fiscal del año 1992 que fija un descuento del 15 por ciento en fondos coparticipables de las provincias.

La propuesta de Vendramín en los hechos legitimaría el descuento por parte de ANSES que a la fecha acumula, según el cálculo de la UCR, un perjucio de unos 2.800 millones de pesos para Mendoza.

Sin embargo, el legislador justicialista sostuvo que su proyecto en realidad busca evitar que la Provincia pague "costas monstruosas" para llevar adelante un juicio inconducente ante la Corte Suprema de la Nación. "Queremos que se recupere el dinero de Mendoza por otra vía, a través de una ley o un nuevo pacto fiscal", explicó el senador peronista.

También busca Vendramín dejar en evidencia a la UCR, que hoy denuncia a la Nación por los recortes de ANSES, pero que en la era del radicalismo K acompañó una prórroga del pacto fiscal.

Vendramín afirmó que su proyecto es idéntico al que Juan Carlos Jaliff convalidó en 2007, cuando era vicegobernador (jefe del Senado) y la relación Cobos-Kirchner estaba en su máximo esplendor. En aquel momento, un artículo de la ley Impositiva también ratificó la prórroga del pacto fiscal que establece recortes para Mendoza.

Jaliff reconoció que en 2007 Mendoza avaló el pacto nacional, pero se defendió de esta chicana del oficialismo al sostener que en ese año "ANSES no tenía superávit como ahora, tenía problemas financieros, porque faltaban casi tres años para que se privatizaran las AFJP".

También afirmó el ex vicegobernador radical que la situación económica de la provincia era por entonces mucho mejor que la actual.

Aval de Costa. Vendramín aseguró a El Sol que su proyecto cuenta con el aval de todo el bloque de senadores del PJ y del propio ministro de Hacienda de la provincia, Marcelo Costa. "Lo trabajé con él", explicó el legislador de General Alvear.

Consultado al respecto, Costa ratificó que está a favor del proyecto. "Me parece bien el proyecto. Es lo que corresponde. La discusión se planteó cuando fui a la Legislatura y Jaliff no la pudo sostener, ya que el pacto fiscal es claro: dice que el descuento del 15 por ciento permanecerá hasta que haya un nuevo pacto o una nueva ley de coparticipación. Me quisieron descalificar porque no soy abogado, pero esto es así", indicó el ministro de Hacienda.

El gobernador hasta aquí se ha manifestado en contra del juicio que propone el radicalismo, pero el proyecto de Vendramín da un paso más adelante, ya que directamente busca darles legitimidad a los descuentos de la Nación.

En la UCR se enteraron de la iniciativa del PJ en la sesión del martes, justo en medio de un operativo opositor para que el proyecto que impulsa el juicio se debata en el recinto cuanto antes.

En este contexto, el bloque radical analizó el proyecto de Vendramín como una "señal política fuerte" de que el oficialismo avala los descuentos que han perjudicado a Mendoza.

Pero además, los radicales encontraron un resquicio para avanzan con su propia estrategia. "Me están dando la razón en algo que digo: el descuento de ANSES tiene que tener por lo menos aprobación legislativa provincial", afirmó Jaliff.

La puja. Es que el pedido de juicio de los radicalismo se asienta en un supuesto "avasallamiento nacional" que a su juicio es inconstitucional.

Según la UCR, los descuentos de coparticipación por parte de ANSES fueron legales sólo hasta 2006, ya que, hasta entonces, se apoyaron en sucesivas leyes nacionales. En cambio, en 2010, Cristina prorrogó el pacto a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Fue en el marco de la prórroga del presupuesto de ese año, ya que Cristina no consiguió aval opositor para sancionar la pauta de gastos de 2011.

Según Jaliff, con el decreto 2054, cambió todo el panorama: sostuvo que Cristina se excedió en sus facultades, ya que un DNU no es una herramienta constitucional para tomar medidas tributarias. En esa discutida pieza quedó establecido que el descuento de fondos de la coparticipación a favor de las arcas de ANSES se extenderá hasta 2015.

Aunque para el Gobierno, ir contra aquel DNU de Cristina puede ser muy peligroso. "Mendoza puede perder los beneficios que tenía, como los fondos Fonavi", avisó el ministro Costa.