“El problema de esta investigación es que involucraba a actuales funcionarios, altos funcionarios, que se han convertido en cómplices, y a muchos jueces les cuesta avanzar en contra del oficialismo de turno”, evaluó el legislador del Frepam.

“La impunidad de los funcionarios en este tipo de causas alimenta la sensación de inseguridad”, estimó en declaraciones a Radio Noticias. “Yo considero que es una injusticia. A la gente más humilde las causas no le presrcriben” comparó.

“¿Quien duda que la apertura de la sala de tragamoneda en el centro es una ilegalidad? Por algo la cierran”, acotó.

Berhongaray aclaró que “no quiero hablar de la justicia en general, porque hay jueces buenos, pero en este caso se está burlando a la sociedad si se confirma la prescripción”.

“Las ilegalidades son absolutamente claras, nadie está en condiciones de cuestionar que fue ilegal la habilitación de la sala de tragamonedas, como los millones de pesos que perdió la provincia con la modificación del contrato al pasar de un canon variable a uno fijo o que no se construyó el hotel cuando era una exigencia expresa del pliego”, enumeró.

“Esas cuestiones -añadió- son inconstrastables. Si una investigación cae por una cuestión de forma, por una prescripción, sin que la justicia se pronucie sobre si existió o no delito, me parece que después de más de dos años, porque recordemos que la denuncia se promovió en el 2009, es una burla, una afrenta”.

“La prescripción es el peor resultado: no se pronuncia sobre el fondo, no dice que no hubo delito, sino que no se cumplieron los plazos de la investigación”, recordó.

“Está mal que Erquicia sea el único involucrado. Hubo muchos funcionarios de entonces y actuales que debieron ser investigados. Y cuando está siendo investigado un funcionario, no corren los plazos de prescripciones, se suspenden los plazos de la prescripción”, interpretó.

“Hay muchos de los funcionarios de entonces que hoy lo sigue siendo o son empleados públicos. Por eso digo que en esta causa no operó ni un día de prescripción”, afirmó.

La causa del Casino inicialmente estuvo en manos de la jueza María Florencia Mazza. Con al entrada en vigencia del nuevo código procesal, a principio de año, pasó a manos del juez Daniel Saez Zamora.

Este último firmó la prescripción por dos hechos (falta de decreto provincial en la adjudicación y por la modificación del pliego) y la falta de mérito por una acusación (cambio del canon móvil a uno fijo) el pasado día lunes. “Habría que ver qué interpretación hizo, para ver a quién se le vencieron los plazos”, dijo el diputado frepamista.