La comisión de Jury de Enjuiciamiento tendrá más trabajo vinculado al Departamento General de Irrigación. Al ya polémico proceso contra el titular del Departamento Eduardo Frigerio, en pocos días se sumará una presentación contra los dos miembros del Honorable Consejo de Apelaciones que quedan en el organismo: Carlos Dávila (representante del Tunuyán Superior) y Ricardo Scandura (del Tunuyán Inferior).

La presentación está siendo redactada por un equipo de legistas encabezados por Miguel Mathus Escorihuela e impulsada por algunos de los cabecillas de la rebelión de regantes, entre los que se cuenta el abogado Marcelo Romano. En diez días, los diputados Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Roberto Infante (UCR), más el ex diputado denunciante de Frigerio, Roberto Blanco, estamparían sus firmas para presentar la denuncia contra Dávila y Scandura.

Dávila es actualmente el hombre que está a cargo de la repartición, después de que Frigerio quedara suspendido por el proceso al que está sometido; aunque estar a cargo parece ser un eufemismo desde el punto de vista de los que ahora quieren denunciarlo también: es que la falta de quórum en el Consejo de Apelaciones (del que forma parte Dávila) es fruto de investigaciones administrativas y judiciales, por lo que esa autoridad está seriamente cuestionada.

"Los dos deben haber conocido los hechos que se le imputan a Frigerio. Al menos son cómplices de silencio", dice la diputada Gutiérrez al momento de aceptar su participación en esta movida que viene desde el "pueblo regante".

Desde ese lugar, tal como al propio protagonista le gusta denominar, Marcelo Romano asegura que "le tenemos ganas a Dávila desde el 19 de marzo de 2008" (ver aparte). En esa fecha se realizó la audiencia pública en la que se sometieron a consideración popular los pliegos de Frigerio y de Dávila. En rigor, a los tres (incluido Scandura) no sólo los une la gestión de Irrigación sino que también obtuvieron el acuerdo del Senado el mismo día, el 25 de marzo de 2008.

Dávila, como Frigerio, es un hombre identificado con un sector político interno del PJ, los azules, que lidera Juan Carlos Mazzón. De hecho, se sostiene que Irrigación es un organismo bajo control de los azules, donde revistan el hermano de Patricia Fadel, Alejandro Fadel, y el asesor principal (y hombre cercano a Mazzón) Jorge Villalón. Este último está mencionado en la denuncia contra Frigerio como beneficiario de pozos en un campo propiedad de su hijo.

Dávila es parte de ese grupo, pero además es sobrino de Patricia y Alejandro Fadel.

Scandura tiene menos exposición política. Llegó al cargo a sugerencia de productores de Este, ya que su padre es dueño de la bodega Santa Sara. Sin embargo, son claras las vinculaciones políticas del consejero: antes de llegar a Irrigación fue concejal del PJ en San Martín durante dos años. Esta comuna es conducida por otro prominente dirigente del sector azul: el intendente Jorge Giménez. Se sostiene que el aval político a Scandura vino del despacho de Giménez.

Así, no resulta llamativa la cerrada defensa a la gestión de Frigerio que el jefe comunal del Este esgrimió a Los Andes, denunciando que los cuestionamientos eran fruto de una interna política encabezada por el ex gobernador Arturo Lafalla.

La presentación del Jury contra los dos consejeros no es una idea nueva. En realidad, el 25 de setiembre Mathus Escorihuela publicaba en este diario una nota de opinión en la que denunciaba infinidad de irregularidades de la gestión de Frigerio. Allí mismo el jurista especialista en Derecho de Aguas señalaba que los consejeros "son partícipes necesarios y encubridores de las anomalías y violaciones a la ley".