Todos los municipios y comunas de Córdoba que operan sistemas de fotomultas para labrar infracciones sobre rutas ya recibieron la carta documento del Gobierno provincial por la que los intimó a dejar de usar esos mecanismos, por considerar que no encuadran en la ley vigente. Sin embargo, prácticamente todos los municipios insistirán con su criterio, sin abandonar esos sistemas. No contestarían la intimación. En cambio, pidieron al Gobierno provincial una audiencia para discutir el tema e intentar un punto de acuerdo.

Miguel Ledesma, a cargo de la Dirección de Accidentes de Tránsito de la Provincia, confirmó a este diario que "todas las intimaciones ya fueron enviadas" a una quincena de municipios y comunas. Ese documento les exige "abstenerse" de utilizar esos sistemas. Cita además el punto clave por el que considera que no cumplen con la ley provincial de tránsito: que las actas no son labradas y entregadas por inspectores al momento de ser cometida la infracción sino enviadas semanas o hasta meses después por correo.

Desde el Ministerio de Gobierno admitieron que los municipios podrían no acatar la intimación. En ese caso, señalaron que en estos días "se preparan los pasos a dar", aunque no dieron detalles.

Autonomía. El pasado martes, en Almafuerte, se reunieron seis intendentes de Tercero Arriba y Calamuchita que aplican fotomultas. Otros tres adhirieron por teléfono a la decisión tomada.

Dos le confirmaron a este diario que el criterio acordado es el de insistir con la legalidad del sistema, en virtud de la autonomía de cada municipio para aplicar controles en sus jurisdicciones. Y aunque rechazan la intimación de la Provincia, buscarán evitar un enfrentamiento. Por eso decidieron pedir una audiencia.

Julio Agosti, intendente de San Agustín, argumentó que "es complicado" para los municipios chicos entregar en mano las infracciones al momento de ser detectadas. "Tengo que poner un inspector que labre el acta, y otros dos a 300 metros, uno de cada lado, para pararlo. Pero es difícil que paren a alguien si no son policías. Para la Caminera es más sencillo", señaló, además de citar el mayor costo operativo.

Agosti admitió que casi ningún intendente estaría a favor de ese cambio, aunque dijo que "puede conversares el tema".

Desde 2007. Hace casi tres años, tras dictar la resolución 001/2007, el Ministerio de Gobierno intimó a una veintena de municipios a cesar con estas prácticas, precisamente por no entregar en mano las infracciones. Algunos acataron el criterio, pero la mayoría no y los continuó aplicando. Incluso, varios municipios se sumaron en el último año.

Ahora, la Provincia -aunque sin precisar el modo- asegura que tomará otras medidas accesorias si esta nueva intimación no es respetada. Si algún municipio acata el criterio de entregar al momento el acta, quedaría autorizado.

Otro punto cuestionado, aunque no jurídicamente, es que sean empresas tercerizadas las que operen estos sistemas, a cambio de quedarse con el 70 u 80 por ciento de lo que recauden.

Según los casos, las multas son por cruce de semáforo en rojo, adelantamiento con doble raya amarilla, no llevar luces encendidas o velocidad mayor a la permitida.