Informes aportados por organismos públicos, entidades empresarias y asociaciones civiles confluirán en una presentación conjunta, ante autoridades nacionales, en apoyo al nuevo trazado propuesto por Vialidad de Salta en la ruta nacional 40.

Así quedó acordado ayer por las áreas de gobierno y las cámaras de la producción, el comercio y el turismo que -en el marco del Foro de la Ruta 40- se comprometieron a hacer llegar diagnósticos y proyecciones de potencialidad al organismo vial de la Provincia hasta el 30 de abril.

Mientras la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) define la contratación de las consultoras que llevarán adelante los estudios ambientales, técnicos y económicos de cuatro tramos salteños de la citada ruta nacional, crece en Salta el rechazo a un cambio de trayectoria que se intenta imponer desde Jujuy, en el borde fronterizo de Susques con Los Andes, y que se considera perjudicial para las comunidades de la Puna salteña, su medio ambiente, la minería, el turismo y el desarrollo de la línea de Sico (ruta nacional 51) como corredor de integración y salida estratégica hacia los puertos chilenos del Pacífico.

En la reunión, que convocó Vialidad de Salta, estuvieron representados todos los ministerios del gabinete provincial; las secretarías de Minería, Planificación Estratégica, Obras Públicas y de Energía; la representación de la Provincia ante organismos internacionales y la Zicosur; las cámaras Regional de la Producción, de Comercio e Industria de Salta, de Transportistas de Cargas, de Comercio Exterior y de Turismo; el Instituto Provincial de la Vivienda; la Asociación de Prestadores de Turismo Alternativo; la Fundación COPAIPA y otras entidades agrupadas desde 2009 en el Foro de la Ruta 40.

Ante todos estos sectores, el director de Vialidad, Gerardo Villalba, expuso los fundamentos de la propuesta que se elevó a la DNV, el año pasado, como alternativa al cambio de traza impulsado por Jujuy en la ruta 40 para favorecer la integración y desarrollo de poblaciones del departamento Susques, sin atender las iguales necesidades que tienen comunidades del departamento Los Andes.

Por el contrario, pobladores de San Antonio de los Cobres, Santa Rosa de los Pastos Grandes, Olacapato, Salar de Pocitos y Tolar Grande están convencidos, junto a sus autoridades y representantes legislativos, que la propuesta jujeña tiende a relegar a la Puna salteña a la categoría de "patio trasero" del hoy promocionado corredor turístico y productivo que se extiende desde Cabo Vírgenes (en el extremo sur del país) hasta La Quiaca (en la frontera norte con Bolivia) a través de casi 6.000 kilómetros.

Hubo representantes de todos los ministerios, cuatro secretarías, varias cámaras y las entidades del Foro de la Ruta 40.

En apoyo a la traza alternativa propuesta por Salta, los sectores reunidos ayer en la sede de Vialidad acordaron presentar informes de cada área con inclusión de un diagnóstico actual, las proyecciones de potencialidad y una visión geopolítica estratégica.

Toda esta información, que se espera tener reunida a fin de mes, se volcará en un documento que justifique el trazado propuesto por la Provincia.

Dicha propuesta, básicamente, tiende a que se respete el paso histórico de la ruta nacional 40 por San Antonio de los Cobres. Desde esta localidad -siempre de acuerdo a la alternativa planteada por Salta- la 40 debería correr superpuesta a la ya existente ruta nacional 51 hasta las cercanías de Alto Tocomar, entre Olacapato y Alto Chorrillos, para continuar luego hacia el norte en dirección a Sey, Pastos Chicos, Huáncar y Susques. Estas poblaciones jujeñas, recordemos, están vinculadas por una ruta provincial (la 74) que desde 2006, por un acuerdo de Jujuy con la DNV, pasó a ser la nueva ruta 40 en el territorio de la vecina provincia. En ese desplazamiento, de casi 70 kilómetros hacia el oeste respecto de la actual línea de la 40 desde San Antonio de los Cobres hacia Abra Pampa, reside la raíz del conflicto.

En este contexto, los organismos y entidades agrupados en el Foro de la Ruta 40 afirman que la propuesta alternativa de Salta "no afectaría los intereses de las comunidades andinas de ninguna de las dos provincias y no produciría daños ambientales". También aseguran que sería mucho más beneficiosa, en términos económicos, que la propuesta impulsada por Jujuy.