Esa obra se emplaza en el predio del ex Mercado de Abasto y en los últimos años se convirtió en un icono de la incapacidad del municipio para gestionar la recuperación de espacios públicos.

Los trabajos arrancaron en 2007, luego del incendio que consumió los pisos del Garden Shopping que alquilaba el Concejo, pero está paralizada, sin visos de continuidad.

Primero se frenó por la crónica falta de fondos municipales para financiar la totalidad del proyecto. Luego, en 2010, el entonces intendente Daniel Giacomino apeló a la venta directa –y a precios irrisorios– de terrenos colindantes, para así solventar los costos de edificación; pero entonces apareció un problema más grave: la detección de déficits estructurales en las columnas, según determinó un estudio de ingenieros de la UNC.

Mediante decreto N°594, del pasado 9 de abril, Mestre habilitó ahora la vía de reclamo judicial para exigir “el resarcimiento del daño ocasionado” por las tareas “mal ejecutadas” y los “graves incumplimientos denunciados” en la ejecución.

La movida legal del intendente incluye gestionar el cobro de la caución contratada como garantía de los trabajos y también suspender la certificación y el pago de cualquier ítem pendiente sobre la obra ejecutada.

El mismo criterio de pisar el freno se impuso para redeterminaciones de precios solicitadas por la contratista y que a la fecha estén en trámite o no hayan sido pagadas, hasta tanto se subsanen los vicios de la obra.

La póliza del seguro de caución sería del orden de 1,2 millón de pesos, referenciada sobre un monto inicial de obra de 22,5 millones de pesos.

Desde el Ejecutivo señalan que hasta ahora todos los esfuerzos estuvieron puestos en revertir el estado de virtual indefensión administrativa en que estaba el municipio, que no había intimado a la empresa titular del contrato (Oresti SRL) a completar los trabajos.

Como sea, todavía no se vislumbra siquiera si la obra se podrá retomar o no, en qué condiciones y a qué costos.

El citado informe de la UNC constató las fallas en la estructura, pero no evaluó, ni sugirió posibles soluciones.

Frente a ese panorama, la estrategia de Mestre apunta a exigir respuestas a Oresti SRL, y en caso de que no las haya, avanzar en la rescisión de contrato y posterior denuncia judicial. Esa firma fue la que en 2010, y casi en un mismo acto, compró al municipio los terrenos aledaños a la nueva sede del Concejo, y también obtuvo la cesión del contrato de construcción de la obra, inicialmente en manos de Sadic SA.

Oresti SRL aduce que los vicios de construcción vienen de origen y que no se generaron desde su participación. Desde el Ejecutivo consideran que la cesión de contrato convirtió a Oresti SRL en responsable de todo lo plantado en el predio.