En los últimos días, varias de las empresas -hay 674 en total- fueron convocadas una por una por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Liliana Korenfeld, y se les pidió que presentaran una serie de datos, dentro de un plazo que vencerá la semana próxima. Esa información, que tiene que ver con el rol de control que a partir de la ley de prepagas asume ese organismo oficial, se usaría también para analizar las solicitudes de aumentos que, de todas formas, dependen, según las normas, no de las autoridades de Salud sino de Guillermo Moreno.

En septiembre pasado, los planes de salud tuvieron, en forma generalizada, un aumento de 7 por ciento. El ajuste fue cobrado desde octubre, dado el momento en que llegó la autorización de la Secretaría de Comercio Interior. En algunos casos, las entidades decidieron cobrar en cuotas el plus por la actualización de la cuota de septiembre, según señala el diario La Nación.

Pero en realidad las prepagas habían solicitado ajustar sus precios un 15%, el mismo porcentaje que les reclamaban las clínicas y otras instituciones de prestaciones médicas para hacer frente, a su vez, al aumento salarial del gremio de la sanidad y a otros costos en alza. Las prepagas dicen que no recibieron explicación sobre por qué se dispuso el 7% en lugar del alza pedida.

"El sector tiene un retraso en sus precios que está entre 20 y 25%", señaló un directivo, que agregó no haber visto nunca tan expuesta a la actividad. "Además de los costos salariales y de los que suben por la inflación general, la nueva ley encarece el sistema", alegó.

En ese sentido, el punto que más preocupa es la obligación de aceptar como afiliados a quienes quieran serlo, sin discriminar por edad o por enfermedades preexistentes. Si bien la ley prevé que se puedan cobrar en estos casos cuotas más elevadas, la Superintendencia dispuso que, mientras se resuelven los expedientes caso por caso, se atienda a los pacientes "cobrando la cuota regular", según relatan los directivos.

El problema, plantean, es que llegan pacientes que estaban afiliados a otros sistemas o incluso a otras prepagas y que, con los tratamientos requeridos, suben de manera significativa el gasto en las entidades elegidas, perjudicando a quienes ya eran socios. Algunos directivos habían propuesto que, con la reglamentación de la ley, se estableciera que si el paciente abandonaba una entidad para ir a otra, la primera se hiciera cargo durante un tiempo de los costos, más allá de dónde se brindara la atención. Pero el proyecto no prosperó.

Respecto de los aumentos previstos para diciembre, algunas empresas habían pedido ya la autorización cuando hicieron el trámite que derivó en la suba de septiembre. Hace ya varios años que las cuotas se ajustan en los mismos meses en que deben pagarse los aumentos de sueldos del sector. En principio, eran pedidos por un 10%, pero entonces se preveía que se habilitara un aumento previo del 15%, algo que no ocurrió. Por eso, ahora se buscaría una suba mayor.

Sin embargo, en algunos casos se mantendría el pedido de un 10%, pero con un agregado: armar un esquema de recomposición de ingresos para el sector, por los márgenes que se fueron perdiendo en los últimos años, pérdidas que se trasladan al sector prestador. En septiembre pasado, de hecho, se generó un conflicto con las grandes prepagas y hubo en algunos casos restricciones a la atención de los afiliados y cobros de copagos.