Al respecto, los ediles entregaron documentación con la firma de los vecinos de la localidad, en la que reclaman por la deficiente prestación del servicio de la empresa Aguas de Corrientes. En esa oportunidad, el Vicegobernador se interiorizó y se comprometió a intervenir en el problema.

Tal denuncia se hizo pública sólo días después que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes elevó a categoría de Derechos Humanos a la provisión de agua potable y puso límites a los concesionarios. A partir de tal decisión, el máximo órgano de la Justicia provincial prohibió a Aguas de Corrientes SA a cortar el servicio por el no pago de facturas e hizo operativo el Artículo 59 de la Constitución provincial reformada en 2007.

“Este fallo es un relanzamiento e instalación de un tema que se despierta y se duerme. Pero el plan de agua para todos los correntinos sigue sin cumplirse. El STJ ratifica el concepto de Naciones Unidas y de los tratados internacionales: el agua es un derecho humano”, comentó el senador radical (Bloque Alem) Noel Breard.

El legislador, en contacto con época, recordó que las inversiones en la red de agua potable las realiza el Estado (ya sea nacional, provincial o municipal) o a través de créditos multilaterales. “Entonces, la pregunta subsistente es ¿qué hace Aguas de Corrientes con la recaudación mensual y anual?”.

Además, Breard comentó que cuando un ciudadano pretende una conexión a la red de agua potable o cloaca debe contratar a empresas del holding - las únicas que estarían autorizadas - abonando la suma de $12 mil.

El senador radical analizó que en el país en la década del 90 del siglo pasado, a través del paradigma neoliberal, el 86% de los argentinos estuvieron bajo sistema de gestión privada del agua o cooperativa. Con el pasar de los años, hoy sólo está el 11% de la población, es decir, por incumplimiento, por falta de inversiones, se fueron rescindiendo los contratos en distintas provincias y Capital Federal. “Entonces, ¿cuál es la solución? ¿La rescisión del contrato?”, preguntó época. Breard respondió: “En el Senado hay dos posiciones. Una que hay pretende nuevas y duras condiciones a Aguas de Corrientes. La otra postura es la de aquellos que afirman que la empresa es incurable y que hay que rescindir el contrato”, apuntó el senador radical.

Sobre este último aspecto, comentó que “los chinos decían, en sus congresos cuando hicieron los primeros cambios al capitalismo, una frase simple pero explicativa: Lo importante no es discutir si el gato es negro o blanco, sólo si caza ratones. En este caso, Pablo Chamas (titular de Aguas de Corrientes) no caza ratones”.

“Lo que queda claro es que si la gente sigue demandando más inversiones y mejores servicios, la política se verá obligada a dar una respuesta categórica y de ser anestesista tendrá que hacer una profunda operación”, agregó Breard.

Por último, el legislador comentó que los funcionarios de los organismos de contralor del Estado provincial podrían ser citados por el Senado. “También los empresarios, para ejercer su derecho a defensa”, concluyó