En diciembre entró en vigencia la ley de medicina privada, desde entonces todas las entidades de salud están en vilo por la suerte que correrán, porque consideran que es perjudicial para su funcionamiento por los defasajes económicos que avizoran. El doctor Enrique De Michele, titular de la obra social Unimédica, explicó a este medio como las afectará.

Según la ley, todas las entidades “deben cubrir como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencia el Programa Médico Obligatorio (PMO) en vigencia”, al margen de si otorgan o no otras coberturas; esto vale para las 568 prepagas que se inscribieron en el Registro de la Superintendencia de Servicios de Salud, “presumimos que no son ni la mitad de todo el país” señaló. Ahí figuran entidades de todo tipo, desde sociedades anónimas, mutuales, cooperativas, fundaciones, colegios médicos y profesionales de todo el país, con padrones que engloban a millones de beneficiarios en algunos casos o solo a miles, en otros.

El decreto 1993 que reglamentó la ley, dice que no se puede rechazar a personas ni por edad, ni por preexistencia (de enfermedades). “Es gravísimo porque hay personas que gastan 100 mil ó 200 mil pesos por mes, y eso no se puede bancar. Lo que si pueden hacer las entidades, porque la ley lo permite, es triplicar las cuotas por edad, donde entre la franja de los jóvenes y los veteranos puede haber un 300 por ciento de diferencia”.

Situaciones diferentes

El profesional contó que “no salió el texto aún donde la Súper Intendencia establece tres tipos de pacientes con enfermedades preexistentes: los que tiene problema de salud breve y se curan; el parto -viene una embarazada se afilia y ya se sabe que gastará 8 o 10 mil pesos, pero ahí se puede negociar con el paciente para que lo pague en cuotas- y también se puede incluir una hernia, una cirugía programada que si se complica está contemplado el pago del seguro. Hay un segundo tipo de pacientes que son los crónicos: que no se van a resolver, por ejemplo hipertensión, diabetes, soriasis, pero se pueden manejar con un costo determinado, y se puede trasladar a la cuota aumentándoselas. Por último, la tercera es la que ponen en riesgo la economía del solicitante y de la empresa, así lo define el propio decreto, ahí va desde el que debe pagar cinco mil hasta medio millón de peso, no hay cifras exactas” desmenuzó.

Verdad-consecuencia

En el sector dicen que si se aplica inmediatamente la ley, más de la mitad de las entidades – especialmente del interior del país – directamente desaparecen. Entonces los afiliados de esas entidades tendrían dos alternativas: atenderse en el hospital público o pasarse a otra prepaga. Otros opinan que la ley es inaplicable por lo que habrá que reformularla porque no responde a la realidad del sector ni a las necesidades de la población. El problema se agravó porque originalmente la ley aprobada por el Congreso excluía de esta regulación a las cooperativas y mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Pero luego, en noviembre, a través de un decreto de necesidad y urgencia, también fueron incluidas.

“Esta ley pretende que quien nunca pagó nada si se enferma venga, se afilie y pretenda cien mil pesos por mes, eso no cierra por ninguna parte. Hicieron esta ley para quedar bien con la gente, pero no se puede transformar el barro en oro”.

Posible solución

El médico señaló que se reunió con el ministro de Salud de la Provincia, Hugo Cettour, y le planteó que “la solución sería dar un paso adelante y hacer un seguro universal nacional de alta complejidad, que todos los habitantes por el sólo hecho de habitar el suelo nacional aporten a un fondo común para que cubran estas enfermedades. De los tres sectores cada uno haga su aporte. El sector público (los que no tienen ninguna cobertura) aporte doce pesos; las obras sociales 16 pesos y las privadas (prepagas) 35 pesos, de esa forma se cubrirían estas enfermedades y no habría problemas que se pasen a otra”. También dijo que se entrevistó con el Superintendente Ricardo Bellagio, pero en ambos casos no tuvo resultados.