La posibilidad de que la municipalidad de la Capital pierda más de 3 millones de pesos si el Concejo Deliberante aprueba el convenio suscripto entre el actual intendente Ricardo Guzmán y la empresa de televisión por cable Supercanal S.A., preocupa a la nueva gestión comunal que encabezará Raúl Jalil a partir de diciembre.

Como el FrCyS tiene mayoría en el órgano deliberativo, pretende apurar y dar vía libre al llamativo arreglo comercial, por lo generoso, que favorece a una empresa privada en desmedro de las arcas municipales. El edil Hernán Martel se opone férreamente y presentó un despacho en minoría para que el CD no homologue el acuerdo firmado por Guzmán en junio de 2010 mediante decreto N° 540.

El edil peronista además de sumarse a los cuestionamientos que hace el fiscal, en el sentido que la comuna no puede asumir en su totalidad los costos de la instalación de cámaras de seguridad, y que en todo caso amerita un convenio con la subsecretaría de Seguridad de la provincia, y de cuestionar que la comuna cobre su deuda con publicidades en el cable, ahonda en la cuestión financiera como el telón de fondo del particular arreglo.

Uno de los funcionarios nexos en la transición del gobierno radical al peronista explica que “a la fecha existen en instancia judicial tres expedientes. Uno de ellos se encuentra tanto en primera como en segunda instancia con sentencia a favor del municipio, permaneciendo los restantes suspendidos por la posibilidad de concretarse el convenio celebrado entre la municipalidad con la firma Supercanal S.A.”, señala el concejal, a la vez de advertir que “la empresa no acreditó pagos desde 2003 al 2008. “Sin embargo, en el convenio celebrado la empresa Supercanal S.A. reconoce adeudar al municipio la suma de $ 3.190.044 al 31 de diciembre de 2009. Dicha suma en la actualidad dado el transcurso del tiempo se ha ido incrementando. Es decir que además del capital adeudado corresponde aplicar el interés por mora, más los intereses punitorios que se generan desde la instancia judicial”, detalló en su despacho.

“Así, de los tres expedientes mencionados, uno de ellos se reconoce en el convenio por la suma de $ 1.443.817, el cual actualizado a la fecha asciende a la suma de $ 3.047.314.

Respecto del segundo expediente, se establece en el convenio que se adeuda la suma de $ 680.890, la cual en la actualidad asciende a $ 1.568.607.

El tercer expediente se reconoce por la suma de $ 882.279, le cual actualizado a la fecha da una suma de $ 1.668.318”, describe detalladamente. “Ello quiere decir que la deuda real que mantiene la empresa Supercanal S.A. con el municipio actualmente es de $ 6.284.240 y no de $ 3.190.044,34 como figura en el convenio. La ratificación del mismo implicaría una pérdida para la municipalidad de $ 3.094.196”, destaca claramente Martel, quien buscó infructuosamente hacer entrar en razón a sus pares del FCyS, que impulsan un despacho en mayoría que por la fuerza del número podrían aprobar en la próxima sesión.

Observaciones del fiscal municipal

El fiscal municipal Pedro Casas hizo severas observaciones al convenio que ya firmó Guzmán y que ahora pretende ser homologado en el Concejo Deliberante. Más allá de discutir la competencia del municipio para hacerse cargo de la seguridad de la ciudad, tarea que le corresponde al ministerio de Gobierno de la provincia, cuestiona entre otros ítems que “se reserva del derecho de la empresa de discutir la legalidad del tributo”, planteo que avala en la práctica la negativa de Supercanal de seguir pagándolo desde enero de 2009, y por lo tanto ya se generó una nueva deuda que no está contemplada en el convenio.