El tema está siendo debatido en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, pero para la UPCN “es de mucha preocupación el hecho de que estemos en el mes de junio y aún no definamos el aumento salarial que se debió aplicar desde abril”, dijo el secretario gremial del sindicato estatal, Enrique Funes.

Es que las reuniones conciliatorias hasta ahora no han arrojado resultados positivos porque “no ha habido una respuesta satisfactoria, ya que el intendente está pidiendo dinero para otras cosas y hace una mezcla que complica todo”.

El municipio de Calingasta, como todos los demás, recibió una ayuda económica del orden de los 200 mil pesos para otorgar aumentos al personal, dentro de los más de 40 millones de pesos que sacó del Presupuesto para subsidiar las mejoras de los sueldos en los departamentos, pero, según Funes, “el intendente dijo en la reunión que esa ayuda no le es suficiente para dar el aumento del 25 por ciento”.

El municipio pide cerca de un millón 200 mil pesos para poder hacer frente a una deuda salarial que mantiene con su planta política, a partir de que en el año 2010 se produjo un enganche salarial del intendente, los concejales y los funcionarios políticos con el sueldo del ministro de Gobierno de la Provincia.

Como esa escala salarial nunca se pagó, lo que busca el intendente departamental ahora, es un auxilio financiero del gobierno para poder hacer frente a esa deuda y con el apoyo ya brindado, recalcular el aumento, de modo que alcance tanto para la planta permanente como para los nuevos ingresos de la planta política.

Esta alternativa “no es viable” para Funes de UPCN, quien sostiene que “con el dinero que el Gobierno le dio como ayuda, le alcanza y le sobra para pagar el 25 por ciento de aumento a las cerca de 70 personas que trabajan en la municipalidad, porque encima de eso son los empleados municipales peores pagos de la provincia”.

De acuerdo con la información que maneja el dirigente sindical, “los sueldos de Calingasta, están como 300 pesos por debajo de lo que cobran en Ullum o en Zonda, que también son departamentos chicos”, algo que “es un desorden salarial que viene por lo menos desde hace 8 años”.

En función de esa problemática, Funes reveló que “el martes tenemos la última audiencia de la conciliación obligatoria, y después de eso quedaremos en libertad de acción para aplicar medidas de fuerza y hacer reclamos de otra manera”.