Si bien desde la Casa Rosada se prometió vetar una eventual ley que aplique el 82 por ciento móvil a las jubilaciones mínimas, el sector empresario comenzó a mostrar inquietud ante la posibilidad de que el ajuste prospere y se terminen subiendo los aportes patronales para financiarlo.

Ese temor aumentó en las últimas horas luego de que el secretario de la CGT, Hugo Moyano, pareció darle aire a la iniciativa a pesar de la férrea oposición del kirchnerismo.

En las cámaras del sector privado evaluaban la posibilidad de terminar siendo "víctimas" de la fuerte puja desatada entre el Gobierno y la oposición.

DE DONDE SALDRAN LOS FONDOS

Varias cámaras ya admitieron que les preocupa de dónde sacará el dinero el Gobierno para aplicar una eventual suba en la jubilaciones, que requeriría un desembolso adicional de unos 22.000 millones de pesos anuales a las arcas estatales.

Entre las opciones más temidas por los empresarios figura la suba de los aportes patronales para empresas grandes, una vía por la que -según cálculos de la CTA- el Gobierno podría obtener cerca de 20.000 millones de pesos anuales.

Ante esa posibilidad, el titular de la COPAL y especialista en temas laborales, Daniel Funes de Rioja, advirtió que "esa decisión sólo aumentaría la brecha de la economía en negro".

Otra opción sería que la Anses se desprendiera de las acciones que tiene en algunas empresas, luego de que se terminó con el régimen privado y se pasó al sistema de reparto.

El problema aquí es que el valor de esos papeles se desplomaría rápidamente provocando un dolor de cabeza a las compañías en cuestión.

Igual, desde la Anses ya se aclaró que no existe interés, por ahora, en vender esos papeles, que en el caso de algunas empresas superan el 30 por ciento de participación.

OTRAS OPCIONES

Existe, además, preocupación en sectores financieros, por la posibilidad de que una iniciativa impulsada por un sector del oficialismo se termine imponiendo: la opción de gravar la renta financiera de las personas, ya que las empresas ya tributan este impuesto.

Por esta vía, de acuerdo con estimaciones del Banco Santander y de la Bolsa, el Gobierno sólo obtendría unos 8.000 millones de pesos.

Otra alternativa es que el Gobierno avance con la reforma de la Ley de Entidades Financieras (con la que amagó en varias ocasiones, pero hasta ahora no se implementó).

Si se desempolvara ese proyecto, podría apuntar a crear un nuevo fondo del que excepcionalmente se extrajeran los fondos para afrontar una suba en las jubilaciones nacionales.

En círculos empresarios consideran que la presidenta Cristina Kirchner no estaría muy dispuesta a pagar el costo político de vetar un aumento de semejante relevancia para los jubilados.

Así, incluso se teme que el aumento jubilatorio sea dispuesto directamente por decreto, como ocurrió con la Asignación Universal por Hijo, en un intento por frenar el embate opositor