"Las agresiones sufridas por periodistas de Andalgalá por parte de un grupo antiminero, ya denunciados por ADEPA en su informe mensual de febrero de este año, continúan y se agravan con el correr del tiempo", señala el pronunciamiento.

Luego recuerda los incidentes ocurridos durante la manifestación del 15 de febrero cuando fueron agredidos los periodistas Nicolás Ziggiotto y Lucas Olaz, golpeados y arrojados al piso. La entidad señala que hasta la fecha no hay novedades, imputados, ni detenidos en la causa. También se hace referencia a los incidentes del 7 de abril, oportunidad en la que fue agredido el camarógrafo Carlos Romero. Por último, indica que la fiscal interviniente, Marta Graciela Nieva, ha manifestado públicamente que "no efectúa detenciones" (de los agresores "autoconvocados") para "no alterar la paz social". "O sea que está públicamente admitido que no puede asegurarse en Andalgalá lo más primario, que es el funcionamiento efectivo del estado de derecho", argumenta.