Se manifiestan contrarios a la posibilidad que la empresa española que construye la Central Térmica de 240 MW continúe luego operando su funcionamiento por 10 años. Encuentran que esa decisión sería contraria a la conformación de una unidad de negocio Carbo eléctrica, que podría ser la figura jurídica final para YCRT, como una Sociedad del Estado.
ATE seccional Río Turbio, la Asociación del Personal Superior Profesionales y Técnicos, Luz y Fuerza y la Fraternidad fueron convocados por la Intervención a efectos de analizar el presente que atraviesa la fuente laboral.
En los parámetros del reordenamiento empresario plantean llevar adelante iniciativas comunes vinculadas a este objetivo que incluyen: relevamiento de perfiles y puestos de trabajo; concursos, organigramas funcionales; y diseño de la pirámide organizacional, de acuerdo a los nuevos requerimientos que tiene la actividad.
Pero, el punto más álgido de la reunión fue la toma de conocimiento que emanó desde la Secretaría de Energía de la Nación, donde se plantea la posibilidad que, la operación y el mantenimiento de la Central Térmica de 240 MW, sería operada por la empresa Isolux Corsán, que está realizando la construcción de la misma.
“Entendemos que esta decisión sería contraria a la intención de los habitantes de la cuenca carbonífera, en que la misma sea una empresa carbo-eléctrica (sociedad del Estado con participación de los trabajadores) a los efectos de revertir la actual ecuación económica de la empresa y lograr sustentabilidad en el tiempo”, expresan en el acta que lleva la firma de todos los participantes del encuentro.
Luego de transmitir esta preocupación, expresan estar de acuerdo que la empresa constructora finalice la obra y realice la operación de su funcionamiento y mantenimiento “juntamente con nuestro personal, mientras se mantenga el período de garantía y capacitación”.
Por ello solicitaron a la Intervención de YCRT que gestiones una audiencia ante el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio de Vido “para dar tratamiento a esta medida que, entendemos contraria a los intereses de la empresa, los trabajadores, la cuenca carbonífera y de la decisión política para su construcción, por cuanto afectará la sustentabilidad económica del Yacimiento”, expresaron.
Finalmente se analizaron también las demoras en las inversiones “que son de urgente materialización” además de pedirle al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los medios necesarios para adaptar el sistema de compras. En la actualidad el procedimiento para efectuar las compras de YCRT se ajusta al Decreto 436/200, aplicable a la administración pública nacional “que no se adapta a una empresa de producción minera como la nuestra”, manifestaron.

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