Lezcano, también electo intendente de Laishí expresa en su presentación judicial que a partir del 24 de octubre, Nerea Oviedo de Franco, actual intendenta, dictó una serie de actos administrativos, acciones que continúa realizando hasta la fecha de la cautelar, situación que provoca preocupación acerca del sostenimiento financiero municipal.

La medida cautelar tiene por fin detener actos tales como el dictado de una ordenanza que permite el pago de impuestos, tasas y servicios, patentes automotrices e inmobiliarias, comerciales y barrido público, que otorgaron la quita de hasta un 70% en pagos de contado por períodos del año 2012, es decir, cobro por adelantado, quita del 50% pago de contado para deudas atrasadas y planes de moratoria.

También, otros actos vitales como el traspaso a planta permanente de una enorme cantidad de empleados municipales contratados con un considerable aumento de sueldos, elevándose a un piso de .875 más un 40% de aumento.

Según Lezcano, estos actos administrativos son arbitrarios y ponen en jaque la sana transición de gobierno y su gobernabilidad, pues de continuar se estará comprometiendo más allá de las posibilidades al municipio.

Por último, se destacó que la medida pretende impedir que se alteren las situaciones de hecho y de derecho que puedan perjudicar al municipio, medidas que por otro lado revisten el carácter de provisorio.