Dirigentes gremiales de distintas actividades reclaman, incesantemente, que el gobierno bonaerense refuerce el disminuido plantel de inspectores con que hoy cuenta la delegación regional del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Aseguran que ese déficit, en la dependencia que conduce el abogado José Pablo Avalos, impide desarrollar operativos para combatir el empleo informal en la ciudad con cierta efectividad.

En los últimos meses, tanto dirigentes sindicales de distintas facciones, como el propio Dr. Avalos, han realizado gestiones ante la administración provincial para buscar revertir la situación actual. Sin embargo, los resultados aún están lejos de acercarse a las pretensiones locales.

Consultado por EL POPULAR, Avalos admitió ayer que el problema existe, aunque relativizó la gravedad del mismo. "En este momento tenemos un inspector de Seguridad e Higiene, y otro laboral. Ahora se incorporó uno más para las inspecciones laborales, que estaba de licencia, pero todavía falta llegarle la credencial para poder actuar", puntualizó.

Rescató que hay distritos que se encuentran en peor situación, entre los que citó el caso de Azul, "donde en este momento no cuentan con ningún inspector". Aseguró que "seguimos gestionando para poder contar con más recursos humanos", y diferenció la situación local de la que vive el Partido de Tandil, donde actualmente se desempeñarían ocho inspectores.

"Lógicamente, siempre seguimos pidiendo la incorporación de más gente. Pero por lo menos se logró que ahora se reincorporara alguien que estaba de licencia. Con esta llegada, cuento con dos inspectores laborales y digamos que eso me alcanza para ir cubriendo los pedidos que van presentando los distintos gremios y las inspecciones que me mandan desde la conducción del Ministerio", rescató.

Avalos también marcó que la falta de personal no sólo afecta al área de inspecciones de la cartera que conduce, sino que "también hace falta gente para cumplir con las tareas administrativas que desarrollamos en la oficina, y que son muchas". Además, la escasez de personal se hace más complicada de disimular si se tiene en cuenta que la delegación regional no sólo abarca la actividad laboral olavarriense, sino que también suma en su radio de acción a las localidades de Laprida y General La Madrid.

Las gestiones para intentar revertir esta situación han sido numerosas y desde diversos ámbitos. Sin embargo, los resultados todavía no han sido los esperados. Una experimentada voz del rubro gremial dijo que "la traba está puesta en que el gobernador Scioli tiene absolutamente prohibido a sus funcionarios que saquen un nombramiento más. Y esto lógicamente obedece a los problemas financieros que está atravesando la provincia de Buenos Aires".

A pesar de admitir el déficit, Avalos se negó a calificar la situación actual de "caótica", y remarcó que "en la oficina se hace bastante. Lo que nos falta es personal para poder encarar algunos operativos de oficio. Pero con lo que tenemos nos basta para ir atendiendo, en la medida de las posibilidades, los pedidos que nos llegan desde los gremios, y también desde el propio Ministerio".

También comentó que "cuando hay que hacer un operativo grande por alguna cuestión en particular, nosotros mandamos la solicitud al Ministerio y desde La Plata nos mandan gente para poder reforzar. Sí es cierto que faltaría personal estable en la delegación, tanto para las inspecciones como para la parte administrativa".

Lo cierto es que, a pesar de las declaraciones públicas de los funcionarios y la campaña publicitaria en la que el Gobierno invierte para reducir los índices de trabajo en negro, en la práctica no se vislumbra una política activa del Ministerio de Trabajo bonaerense para poder terminar con este problema, crucial para la vida laboral de cada municipio. Puntos más, o puntos menos, tanto las autoridades laborales como los dirigentes sindicales olavarrienses coinciden al señalar que el trabajo en negro tiene una incidencia cercana al 40%.

Y los gremialistas repiten, una y otra vez, que "sin inspectores, no hay mejora posible. Porque ningún empresario va a ir a blanquear empleados porque sí. Si nadie los controla, los que tienen a sus empleados en negro, los seguirán teniendo así porque les sale mucho más barato. Ahora, si los inspectores les cayeran sistemáticamente, y luego los sancionaran con multas, la situación sería muy distinta".