La Constitución nacional y los reglamentos del Congreso establecen reglas muy precisas para el trámite de sanción de las leyes, que el kirchnerismo no respetó. La Corte deberá resolver si, a pesar de eso, la actuación del Congreso queda al margen de la revisión judicial o si, por el contrario, establece que el Estado de Derecho consiste en un conjunto de reglas iguales para todos.

Lo que está en juego es qué modelo de Estado de Derecho construirá la Argentina: un modelo igualitario, donde el Poder Ejecutivo y una mayoría legislativa no tengan peso para ahogar a los demás sectores, o un modelo ejecutivista, donde las reglas que maneja el poder de turno son más flexibles que las reglas que se imponen a otros sectores.

Desde que la ley 26.522 fue sancionada en octubre pasado, varios jueces suspendieron la vigencia de algunos artículos impugnados por inconstitucionales. Pero el diputado nacional Enrique Thomas probó en otra causa que los diputados oficialistas incurrieron en numerosas violaciones reglamentarias cuando dieron media sanción a la ley. Por eso, la Corte deberá resolver si confirma o revoca una medida cautelar dictada por la jueza Olga Pura de Arrabal.

El próximo miércoles, el tribunal remitirá el expediente al procurador general, Esteban Righi, para que emita un dictamen previo al fallo.

Para el Gobierno, la Justicia no tiene autoridad para revisar el trámite de sanción de una ley. Y ése fue el criterio seguido normalmente por la Corte. El tribunal teme que cada legislador nacional o provincial que esté disconforme con cualquier norma impugne las leyes y paralice a las legislaturas.

Sin embargo, la Corte, en el caso Gómez Diez, dejó abierta la puerta para hacer esa revisión en casos muy excepcionales y efectivamente las aceptó en las causas Nobleza Picardo y Binotti. En definitiva, así como una persona puede defender sus derechos cuando son violados por la ley, un legislador, cuando impugna una ley sancionada en forma irregular, debería poder defender su derecho a ejercer debidamente el mandato para el que fue votado por el pueblo.

Paradójicamente, el Bicentenario encuentra a la Argentina discutiendo si respeta sus normas básicas de convivencia: las reglas para el libre debate en la sociedad y en la prensa -hoy, la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR) analiza la crítica situación en el país- y las reglas que aseguran la corrección del debate de los legisladores: Reglas que fueron establecidas en la Constitución de 1853-60. Un debate estéril, tardío y peligroso.