Tras el anuncio en Casa de Gobierno de la elevación de las jubilaciones mínimas, desde agosto, para municipales y provinciales, la titular del Centro de Jubilados, María de las Mercedes Zambrano, dio explicaciones de lo que consideró como “nada nuevo”. Puntualmente reiteró que los juicios de los abuelos contra el IPS no cesarán por esta noticia, porque la cuestión de fondo no se resuelve.

Ejemplificó con un pasivo docente que pasara a cobrar 1.400 pesos, pero quienes recurrieron a la justicia no bajarán de 1800 o 1900. Ello debido a que “le hicieron mal los cálculos al gobernador y él tuvo que decir lo que dijo” mencionó Zambrano.

Que ahondó en la fundamentación al referirse a que al jubilado docente se le aplica el 82%, pero sobre una base que está mal calculada, porque en épocas de gobiernos anteriores, incluso la gestión de Ricardo Colombi de 2001 a 2005, se aplicaba ese porcentaje, pero no se recompuso lo de atrás, es decir lo de años previos.

Es en ese punto donde los pasivos encuentran el argumento de recurrir a la justicia, porque por medio de sentencias acceden a un mínimo que no es menor de 1800 a 1900 pesos. Mientras que quienes no hicieron ningún tipo de acción de amparo, o que no procura realizar la corrección hacia atrás, seguirá con el techo de 1.400.

Mientras que lo inherente al aumento a los municipales, dijo Zambrano que “es pobre” y que por primera vez se discrimina, ya años atrás ni Arturo ni Ricardo Colombi lo hicieron; “es decir discrimina al jubilado municipal en comparación con el provincial y hoy en día pasará el mínimo a 730 pesos, superando los 650. Pero se dice que se eleva a 900 con aportes y contribuciones, pero al prorratear esa cifra con el 82% queda no más que 730 pesos” argumentó María de las Mercedes Zambrano.

Que seguidamente criticó a los municipios que pagan mucho en negro, y por eso los pasivos seguirán recurriendo a la justicia. “No se pueden cesar los juicios, hoy un jubilado municipal que va a la justicia ganará 1340 pesos, mientras que el que no lo hace seguirá cobrando 738 peos. Y debería exigir al Instituto que le pagan por lo que aportan, es decir 900 pesos, o sea que darle 700 es meterle nuevamente la mano en el bolsillo al jubilado” afirmó la presidente del Centro de Jubilados.

Refiriéndose también a los pasivos de la ley Mestre, que cobran de cada aumento el 82%, “pero sobre una base falsa, porque se les determinó el haber en base a los 17, 18, 19 últimos años.

Entonces se jubilaron con un haber mínimo y a eso hay que aplicarle el 82% de los aumentos, y cobran menos que un maestro jubilado que se jubiló antes del 2000 o que recurrió a recursos de amparo”.

A esta situación la única salida, postuló la titular del Centro, es que se modifique la ley para ellos, ya sea que se apruebe con los 10 últimos o 10 mejores años de carrera laboral; de lo contrario seguirán presentándose en la justicia, admitió Zambrano.

Que al cerrar la entrevista emitió su punto de vista. “Como conclusión, son buenas intenciones del gobernador, pero la mala administración de la responsable del Instituto que no hizo bien los cálculos y no dice la verdad, y cuando las cosas se dicen a medias, no son verdades si no que son mentiras” resumió.