Pero, tal vez, donde sí se equivoca el jefe de Gabinete es en la interpretación de ese fenómeno: si bien es cierto que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, el hecho de que los jueces no procesen ni condenen también puede sugerir que la maquinaria político-judicial está suficientemente afinada para garantizar la impunidad.

En efecto, es incontestable que en la Argentina hay corrupción: la única persona condenada, en muchos años, fue la ex funcionaria del gobierno menemista María Julia Alsogaray.

Abal Medina advirtió que siempre se encuentran jueces bien dispuestos a dictar sobreseimientos. Pero, cuando citó el caso Skanska, tal vez su inconsciente le jugó una mala jugada.

En efecto, por ese escándalo, que sí terminó impune, se abrieron dos causas. En la primera, por sobreprecios en la construcción de un gasoducto, el juez Norberto Oyarbide procesó a tres funcionarios pero, en noviembre de 2011, la Sala I de la Cámara Federal terminó dictando los sobreseimientos. Varios meses antes del fallo, el ministro de Planificación, Julio De Vido, ya había pronosticado ese resultado en cuanto conoció un peritaje.

La segunda causa, por el uso de facturas truchas, fue investigada por el juez Javier López Biscayart. Este magistrado encontró una grabación entre dos ejecutivos de la empresa -con sede a pocas cuadras de la Casa Rosada-, en la que se escuchaba a uno de ellos hablar sobre "las valijas que llevó" y sobre "el pingüino de aquí al lado". Sin embargo, la Sala I de la Cámara Federal, en 2008, anuló como prueba esa grabación incriminatoria.

En otras palabras, si el caso Boudou -como se llama, en la Justicia, a la investigación sobre la ex firma Ciccone- termina como finalizó Skanska, no significa que el escándalo haya sido inventado por los medios, sino que otra vez un hecho estaría quedando impune.

No es comprensible que el Gobierno haya favorecido que varias empresas fantasmas (The Old Fund y Dusbel) se hicieran cargo de la imprenta Ciccone -que tiene capacidad para imprimir billetes- o accedieran a facilidades de pago muy flexibles.

Pero hay otra sospecha que el fiscal Carlos Rívolo debería profundizar: si la ex Ciccone (manejada por The Old Fund y Dusbel), en los últimos meses entró en mora y acumula deudas con la Anses y la AFIP es porque no tenía un plan de negocios creíble, que normalmente pudiera justificar el levantamiento de la quiebra y que la AFIP consintiera una moratoria excepcional.

Tal vez las firmas fantasmas apostaron toda la suerte a la impresión de billetes y a unas pocas operaciones, que se frustraron por la publicidad que adquirió el caso..