Pese a las críticas y los reclamos de las empresas alimenticias para que se termine la intervención estatal en el sector, el programa de Precios Máximos acaba de cumplir un año de vigencia.

Fue lanzado el 21 de marzo del 2020 por el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio Interior luego de que las autoridades percibieran aumentos desmedidos en alimentos y artículos de higiene personal, entre otros y ordenaron que todos los precios se congelaran en el valor que tenían al 6 de marzo de 2020.

La Resolución 100/2020 más precisamente retrotrajo los precios de alimentos, bebidas, productos de higiene y tocador de 50 categorías que incluyen más de 23.000 artículos.

Si bien nació como un plan de emergencia y temporal para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias contra el coronavirus durante meses más duros del aislamiento, rápidamente se convirtió en una política de Estado.

Del mismo modo, se transformó en una de las medidas más resistidas por las empresas alimenticias que desde hace tiempo solicitan el final del programa argumentando que el esquema de control fue pensado para los peores momentos de la cuarentena y que ya no tiene sentido sostenerlo.

Sin embargo, desde abril próximo será prorrogado nuevamente, aunque es probable que se elimine del listado una importante cantidad de productos, tal como ya ocurrió en enero pasado con un grupo de artículos que quedaron fuera del programa y otros que se sumaron al de Precios Cuidados.

Es posible también que se permitan algunas actualizaciones o retoques no mayores al 4% o 6% en esos artículos deslistados, tal como también ya ocurrió luego de negociaciones con las empresas del sector que, de todos modos, consideran "insuficientes" a esos incrementos e insisten en el fin de programa.

Así lo advierte desde la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), entidad empresaria que representa a la industria de la alimentación y que preside Daniel Funes de Rioja.

El ejecutivo, quien también ocupa una de las vicepresidencias de la Unión Industrial Argentina (UIA), viene sosteniendo que los costos que las alimenticias deben hacer frente suben por encima de los aumentos permitidos por el Gobierno y, por lo tanto, ya se hace insostenible mantener el esquema tal como está.

Tanto Funes de Rioja como el resto de sus colegas de la industria hacen referencia a los vaivenes del dólar, a los costos logísticos y a los de las materias primas que se utilizan para fabricar los alimentos que aumentaron hasta un 50%.

Efecto inflación

 

Además, advierten que los controles no han servido de mucho a la hora de impedir nueva subas, tal como lo evidencia el índice de alimentos y bebidas de este 19 de marzo pasado que presentó una inflación mensual promedio de 3,7% en las últimas cuatro semanas y de 4,5% medida punta a punta en el mismo período, según la consultora LCG.

En lo que va del año, los precios de los alimentos en las góndolas ayudaron a impulsar una mayor inflación 

 

Esto deja un arrastre de 3,7% para el resto de marzo mientras que el proceso de aumentos tiende a generalizarse, según el informe en el que se relevaron precios de 8.000 alimentos y bebidas de cinco supermercados.

Por su parte, desde la consultora Ecolatina esperan que los alimentos continúen evolucionando por encima del nivel general en el muy corto plazo.

Cabe recordar que la inflación fue de 3,6% en febrero, según informó el Indec. De esa manera, el ritmo de suba de precios marcó una desaceleración respecto al 4% que había mostrado tanto en diciembre como en enero. El acumulado de los últimos doce meses es de un 40,7%, mayor que en enero, cuando fue de 38,5%.

A todos estos incrementos, en las empresas le agregan el llamado "costo Covid" que surge de los gastos relacionados con la implementación de los estrictos protocolos que las empresas deben implementar para poder operar.

También, los gastos vinculados al pago de salarios a trabajadores licenciados en el marco de la pandemia, ya sea porque pertenecen a un grupo etario o de riesgo o porque están al cuidado de los hijos en los hogares pero, no obstante, con obligaciones salariales para la empresa.

A partir de este escenario, consideran que el mantenimiento de Precios Máximos impide terminar con el desfasaje de costos que existe entre los valores a los que pueden vender sus productos y los gastos que deben enfrentar para producirlos y comercializarlos, por ejemplo.

"Consideramos que es el momento de levantar esa política porque responde a un grado de emergencia que lleva ya un año", señalan en la industria.

El planteo formó parte de la agenda de temas que el sector llevó a las reuniones que se llevaron a cabo en las últimas semanas con el ministro Kulfas y con Español en el marco de las mesas de diálogo organizadas por el Gobierno con empresarios y sindicalistas para trazar medidas consensuadas que permitan combatir la inflación.

Cuál es la visión del Gobierno

 

La respuesta de los funcionarios sigue siendo en el mismo sentido: que el desarme de Precios Máximos continuará de manera paulatina.

El razonamiento de la Secretaria de Comercio Interior pasa por entender que se debe transitar el sendero de equilibrio entre recuperar la pérdida de rentabilidad de las alimenticias y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Precios Máximos: el Gobierno insiste con el programa pese a las críticas de los empresarios.

 

Dentro de este esquema, Precios Máximos sigue siendo una herramienta todavía útil para las autoridades. Por eso se anticipa que se mantendrá vigente por algunos meses más y de manera compulsiva, a diferencia de Precios Cuidados que abarca a 660 productos aportados de manera voluntaria por las empresas.

Por lo menos mientras la inflación sea un riesgo permanente para las políticas económicas del Gobierno y continúe escalando especialmente en alimentos. Es decir, no habrá marcha atrás a pesar de la presión de las empresas para pactar una nueva estrategia.

El "aporte" oficial sólo se limitará a seguir retirando productos del listado de Precios Máximos para sumarlos a Precios Cuidados con "actualizaciones" menores al 5%.

Así ocurrió, por ejemplo, en noviembre del año pasado, cuando también por decreto, salieron del programa unos 100 productos considerados "no esenciales", desde vinos hasta cápsulas de café.

Las otras "armas" con las cuales las autoridades suponen que tendrán éxito en la lucha contra la inflación la componen Precios Cuidados con nuevos artículos de primera necesidad que funcionen como un faro para el resto de las marcas. También, la política de seguimiento de costos partir del conflictivo programa SIPRE, recientemente lanzado por Desarrollo Productivo. Y las inspecciones que llevan a cabo de manera casi cotidiana funcionarios de este ministerio y de la AFIP para constatar que se cumplan los cepos de precios.

No hay en estas medidas muchas sorpresas ni antecedentes de haber sido exitosas en anteriores momentos de gobiernos kirchneristas que también los utilizaron para controlar precios pero siempre sin éxito.