El consejo es simple: estudiar el camino recorrido por las instituciones que han logrado modernizarse y aplicar el modelo. El prestigioso abogado comercialista y académico Rafael Mariano Manóvil cita el ejemplo de la Comisión Nacional de Valores: "si bien no es un Registro Público de Comercio (RPC), ha instalado con carácter obligatorio una autopista informática donde las sociedades que hacen oferta pública deben colocar, a disposición de quien quiera informarse, datos relevantes".

La solución está, en principio, al alcance de las manos, según Manóvil, que es profesor titular de Derecho Comercial en la Universidad de Buenos Aires y dirige el programa de Posgrado en Derecho Societario en la misma institución. En un intercambio de preguntas y respuestas por correo electrónico, el experto comenta a LA GACETA: "no puede decirse que los registros argentinos estén muy lejos de la modernización: sólo no ha existido voluntad política para que estos organismos funcionen con rapidez, celeridad y precisión".

- ¿Qué significa para una provincia que su RPC no se haya modernizado?

- Una provincia o jurisdicción, en rigor, una ciudad cuyo Registro no funciona bien está condenada al atraso en su actividad económica. Un RPC es un instrumento para la publicidad de ciertos actos y para la seguridad jurídica en el tráfico. Los agentes de la actividad mercantil tienen que cumplir con la carga de registrar ciertos actos, pero esto no es excusa para que se les imponga un pesado lastre burocrático ni para que el organismo del Estado justifique su existencia acumulando papeles sin sentido: su función es ser fuente de información para el interesado en conocer con certeza los datos registrados.

-¿Hacia dónde va el mundo en materia de registración comercial?

-En todo el mundo medianamente desarrollado, los RPC registran la documentación en forma inmediata y la información presentada es puesta a disposición también inmediata del público que necesite o desee conocerla.

- ¿Cuál es la justificación técnica de la falta de informatización?

- Se han oído voces (interesadas, por cierto) que arguyen que el RPC no puede ser un mero buzón receptor de documentos y que ponen el énfasis en el control de legalidad que este debe ejercer. Pero, en todo caso, es preferible un sistema eficiente que deje abiertos a veces conflictos entre los particulares por la calidad jurídica del acto registrado, que usar ese control de legalidad como causa de demoras. Nada justifica que el público no tenga acceso inmediato, en línea o tiempo real, a la información registrada.

- ¿Hasta qué punto los grandes inversionistas valoran que la jurisdicción ofrezca una adecuada estructura burocrática?

- Cuando la inversión no está atada a un lugar determinado, van a elegir siempre el sitio donde los trámites sean ágiles, rápidos, eficientes y sencillos.

- ¿El RPC debe estar en la órbita de la Justicia o en la del Ejecutivo?

- Creo que es indiferente. Ambas posibilidades tienen sus ventajas: que dependa de un juez, como lo imaginó el Código de Comercio, sirve para que este pueda resolver ciertos conflictos entre particulares. Pero este no es un tema crucial. Lo que importa es que sirva para el propósito para el que fue creado.

- Si tuviese que soñar con el RPC ideal, ¿cómo sería su paradigma?

- El ideal es muy sencillo: 1) inmediata inscripción de la documentación (no más de un día de demora); 2) inmediato ingreso de la información en el centro de cómputos del Registro; 3) inmediato acceso a la información de lo que está registrado, también por vía informática y 4) expedición de los certificados que los particulares soliciten en un plazo que no supere más de un día hábil.