En la tarde de ayer, la Comisión de Legislación General dio despacho al proyecto de ley del diputado Rubén Contreras, que crea el marco normativo para el Control Ambiental de Pozos Inactivos en la actividad hidrocarburífera de la provincia de Santa Cruz. El mismo deberá ser cumplimentado por los permisionarios de exploración y/o concesionarios de explotación que operen en la actualidad o en el futuro dentro del territorio provincial.

Este proyecto ya contaba, hace más de un año, con el despacho respectivo de la Comisión de Recursos Naturales, pero no había terminado de girar por todas las comisiones respectivas, para lograr, así, llegar al recinto para su tratamiento.

Presentado en el año 2010, en marzo del año pasado, un año exactamente atrás, el diputado Rubén Contreras, autor de la iniciativa, confiaba, según declaraciones suyas publicadas por La Opinión Austral, que su proyecto sería rápidamente tratado, pero otras cuestiones se interpusieron, como el paro petrolero y un año electoral por medio y la ley finalmente no se trató.

En aquel entonces, el diputado de Caleta Olivia señaló la preocupación por la situación de pozos en estado de abandono, que están inactivos “por más de 40 años”.

Como objetivo, la norma plantea el crear un marco normativo para el control ambiental de los pozos inactivos en todo lo que hace a la actividad hidrocarburífera. “El pedido es claro, que las empresas se hagan cargo de los pozos inactivos que se encuentran en los distintos yacimientos, y aquellos que no van a ser puestos en actividad, los cierren definitivamente”.

Sobre las tareas a realizar, señaló: “van a tener que intervenir el pozo y cambiar las cañerías ya que datan de muchos años atrás y, no todos, pero algunos, deben tener roturas. Si esto es así, se producen contaminaciones en las distintas capas del suelo”, marcando además otro de los beneficios que contiene el proyecto, ya que permitiría un medio ambiente más saludable.

Ingresos frescos

Aseguró Contreras que su aprobación provocaría un gran beneficio a la provincia, ya que se establece un canon que deberán pagar las operadoras, por cada pozo inactivo, “son ingresos que tendrá la provincia, además de demandar mano de obra”.

Ya que, sostuvo, que una vez aprobada la norma, comienza regir un canon sobre cada pozo inactivo. “Esto significa dinero para la provincia y también es trabajo para la gente, porque a partir que se sancione este proyecto de ley las operadoras van a tener que comenzar a tapar los pozos que no están activos”, recordando que hay “algunos que se encuentran abiertos desde 1960 aproximadamente”.

Remarcó “de acuerdo a las expectativas nuestras, estos impuestos pueden significar entre 18 y 20 millones de pesos de ingreso mensual a la provincia, o sea entre 230 y 240 millones de pesos anuales”.

Contreras señaló que los pozos inactivos son los que “revisten mayor riesgo ambiental, más que los abandonados”, cuya gravedad depende de la antigüedad, la integridad de las cañerías, la existencia o no de aislación de los acuíferos de interés.

La norma impulsada por Contreras se fundamenta en los trabajos que se vienen desarrollando en materia de control ambiental de la actividad hidrocarburífera por parte de la Subsecretaría de Medio Ambiente y en especial en “el control de los pozos inyectores, sumideros y los pozos productores a convertir a inyectores”, donde “se detectaron diversas anomalías asociadas, tanto a la integridad de casing, como a la falta de aislamiento para la protección de los acuíferos”.

“La idea general es crear un marco regulatorio integral para el control de los pozos inactivos, porque permitiría generar más ingresos fiscales a la provincia, aunque en realidad el objetivo principal es buscar la reactivación de los pozos que se puedan, lo que generaría más trabajo de equipo y más contratación de mano de obra. Incluso si la operadora decide abandonar definitivamente el pozo, esto implicaría otra inversión y más contratos”, señaló el legislador.

Otras iniciativas

En la Comisión de Asuntos Constitucionales los legisladores, por mayoría, dieron despacho favorable a una serie de Notas Gob. enviadas por el Poder Ejecutivo para designar al Dr. Iván Saldivia en el cargo de fiscal de Estado; el Lic. en Geología Jorge Raúl Valvano y María José Llorens como integrantes del directorio de Fomicruz; la profesora Marisa Oliva como vicepresidente del CPE; el Ing. Aníbal Billoni como presidente del CPE; el Ing. Carlos Gellert como vocal del IESC; Marcelo Varas y Adriana Reyes como vocales en el CPE; el Lic. Juan Antonio Ferreiro como presidente del IESC; Carlos Fueyo como presidente del CAP; el médico veterinario Guillermo Basualto y Rodrigo Suárez como vocales en el CAP.

Posteriormente, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los legisladores dieron despacho al presupuesto de la Cámara de Diputados fijado en $ 154.506.900. Luego emitieron dos despachos (en mayoría y minoría) sobre el proyecto de Presupuesto General y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2012 de la provincia de Santa Cruz.

YPF asegura que invierte

YPF informó que en la reunión de directorio celebrada se aprobó por mayoría la propuesta de aumentar el capital social, es decir, mantener en la propia compañía –y en el país- las utilidades remanentes del ejercicio 2010 y la totalidad de las correspondientes al 2011 (que en total suman 5.789 millones de pesos) de modo de continuar con el compromiso irrevocable de los accionistas de reinvertir en forma definitiva dichas utilidades en la Sociedad para atender adecuadamente los proyectos y mantener la línea de alto nivel de inversiones de los últimos años. El Estado, por medio de su representante Roberto Baratta, votó en contra.

En el directorio, que fue presidido por Antonio Brufau, se informó que la previsión de inversiones para el año 2012 alcanzó los 15.000 millones de pesos, récord en la historia de la compañía, y que superará además los 13.300 millones de pesos que se destinaron en 2011 para exploración, producción, refinación y desarrollo.

La decisión del directorio no genera giro de divisas al exterior ni demanda la compra de dólares en el mercado local y, al incrementar el capital social de la compañía, la vuelve más sólida para afrontar los desafíos de inversión.

“La elevada capitalización que se propone es una muestra rotunda del firme compromiso de los accionistas hacia la sociedad y sus actividades, y es una clara muestra de su alta sensibilidad ante la situación actual, las necesidades de inversión y los compromisos de la compañía”, señaló Brufau.