"La sobredemanda seguramente responde a una necesidad financiera, porque la gente no puede percibir el importe real de su producto. Y se trata de una necesidad financiera que el mismo gobierno provoca con las medidas ridículas que adopta. Ahí no hay diferencias ideológicas, sino sentido común aplicado". Lo dijo ayer Fernando Luis, el presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, tras conocer las declaraciones que el ministro provincial de Asuntos Agrarios realizó en forma exclusiva a este Diario. Asimismo, el dirigente negó haber desconocido previamente el pedido de emergencia de la Municipalidad de Olavarría, aunque admitió que la entidad que conduce no fue informada oficialmente de ese paso.

Gustavo Arrieta, el referente bonaerense de la cartera agraria, confirmó en una nota aparecida en nuestra edición de este domingo que "con fecha 24 de enero entró al Ministerio un pedido de emergencia por parte de la Municipalidad de Olavarría. El dato fue chequeado con el Intendente Municipal. Ese mismo día, la Sociedad Rural había planteado las graves consecuencias de la sequía, con una pérdida casi total del maíz y parte de la soja. Arrieta, sin embargo, consideró que existe una 'sobredemanda' originada principalmente 'en diferencias ideológicas' con los dos niveles más altos de Gobierno. Ironizó con la propuesta de pagar tributos con trigo y maíz y descartó tajantemente la puesta en discusión de las retenciones".

En la misma entrevista, el funcionario advirtió que "se va a estar definiendo la situación particular a mediados de la semana que viene", aunque sin adelantar ningún resquicio de respuesta. En este sentido, indicó que "la sequía se ha comportado de manera diversa en los distintos distritos y Olavarría no es una excepción".

De la misma nota se desprende que la Sociedad Rural desconocía el pedido de emergencia realizado por José Eseverri. Sin embargo, Fernando Luis dijo que los ruralistas sabían de la iniciativa comunal aunque no por haber sido informados oficialmente, sino por comentarios surgidos en un encuentro técnico con organismos del sector.

Lo cierto es que con el pedido de emergencia extendido ante las autoridades de Asuntos Agrarios, es la Provincia quien opta por su viabilidad. Si se declara ese estado, cada productor debe solicitar individualmente luego su adhesión a ella, tras lo que se procede a comprobar el grado de perjuicios de cada establecimiento utilizando informes elaborados por el INTA. En este sentido, Arrieta explicó que el trámite implica "que el productor se presente, se lo verifica y a partir de ahí puede refinanciar sus deudas bancarias, prorrogar vencimientos fiscales, otras líneas de crédito, etc. Es un trámite personal ante cada uno de los municipios".

"Al productor la emergencia no le cambia la vida -disparó a su tiempo el presidente de la Sociedad Rural-: lo único en lo que lo beneficia es en el diferimiento de los pagos, pero no hay anulación alguna de esos compromisos. Tal vez, quizás, obtengamos un crédito un poco más blando, pero eso habrá que verlo". Al mismo tiempo, minimizó el pedido de Eseverri ante la Provincia al advertir que "por un lado solicita esto y por el otro, y eso es lo incongruente, nos aumenta un 200 por ciento las tarifas" a nivel municipal.

"Lo que pasa es que el tema de la emergencia es más provincial y por allí -aventuró finalmente el productor local- esto tiene que ver con la necesidad de la Provincia, y su propia realidad financiera, de solicitar fondos a la Nación. Entonces, esa sobredemanda tal vez responda a una bajada de línea para que pidan la emergencia".