El diputado Gutiérrez sostuvo "que es violatoria del Pacto Fiscal, que tanto defiende el gobierno, porque no solo no baja los impuestos provinciales que prevé el pacto, sino que violenta la constitución y fallos de la Corte.

Este pacto o acuerdo, fiscal al afectar la distribución del poder tributario, especialmente con respecto a las provincias, -que debieron restringir sus facultades en materia de tributos que le eran propios y de un gran significado recaudatorio-, originó una inminente necesidad de recaudar, pero ello no las autoriza a reclamar tributos sin límite, ni a violar los pactos por los que se comprometieron, a despecho de nuestro régimen federal. Así, en palabras de Rodolfo Spisso(05): "Las provincias, en desesperada actitud, han dado la espalda al principio de unidad nacional invocado en el Preámbulo de la Constitución como uno de los pilares esenciales de la nacionalidad".

Respecto la restricción establecida, en la mayoría de las jurisdicciones, a la exención aplicable a la actividad industrial- y primaria-, referida a la circunstancia que el establecimiento industrial - o rural - se encuentre dentro del ámbito territorial de la provincia que concede el beneficio.

A nuestro entender, este condicionamiento discrimina con respecto a los productos que provienen de extraña jurisdicción, a favor de los de producción local; esta situación resulta lesiva del concepto federal y absolutamente ilegítima, en pugna con el espíritu constitucional del art. 75, inc. 13 - cláusula comercial- y complementarios 9, 10, 11, 12, 121, 126 y concordantes. Este articulado es el reflejo del pensamiento alberdiano, quien expresara: "La Constitución de mayo ha querido hacer imposible esta mistificación de libertad comercial, declarando cuatro veces por falta de una, que el comercio y la navegación interior no pueden ser gravados con ningún género de imposición. Los arts. 9°, 10, 11 y 12 de la Constitución son cuatro versiones de un mismo precepto de libertad comercial"(06).

"Por esos artículos de la Constitución, la aduana interior o provincial no puede existir en la Confederación argentina, ni como impuesto, ni mucho menos como prohibición o protección, ni como derecho o arbitrio municipal, ni bajo cualquier otra denominación, que encubra un derecho aduanero, como deja entender claramente el art. 11 de la Constitución"(07).

Por su parte, Bulit Goñi opina: "Las provincias y las municipalidades pueden aplicar tributos que recaigan sobre actos o actividades de comercio interjurisdiccional, siempre que ellos no menoscaben o impidan dicho comercio, no tuerzan las corrientes naturales de circulación y de tránsito, no sean discriminatorios, no se apliquen por el origen o el destino de los bienes o vehículos, no operen como aduanas interiores o medidas de protección económica"(08).

(09).

En este orden de ideas, han sido vastos los pronunciamientos referentes al comercio interjurisdiccional; así, y según palabras de la Corte Suprema de Justicia, "lo que no puede hacer la provincia, es gravar de una manera distinta a los artículos similares que llegan de otra provincia, o de las aduanas exteriores, que a los producidos en ella" (Fallos: 188-437, considerando 2° y sus citas).

A análogos principios responde el precedente de Fallos: 217-857, donde se hizo especial hincapié, como circunstancia capital a tener en cuenta, la de que se grava en las mismas condiciones la mercadería producida en la provincia que la fabricada en otra; agregó entonces: "Esta Corte tiene declarado que una provincia puede gravar con impuestos las mercaderías que ha introducido de otra y que estén incorporadas a su riqueza general, pero desde el momento en que el gravamen se base en esa procedencia o establezca diferencias en perjuicio de las mismas y en beneficio de las de origen local, sale de su esfera propia de acción y afecta el comercio interprovincial cuya reglamentación ha sido atribuida al Congreso Nacional (Fallos: 125-333)".

Por lo expuesto proponemos que el proyecto quede en cartera por estos fundamentos constitucionales y fallos jurisprudenciales, como así también porque indudablemente repercutirá en el precio final del consumidor chaqueño.

Varisco refirió que la ley está alejada de la realidad de las formas de comercialización del ganado para faena en la Provincia del Chaco y de la metodología de pago utilizada por la industria frigorífica local. La medida es recaudatoria y oculta la imposibilidad del Gobierno en fomentar y mejorar la industria frigorífica local, siendo el usuario local el destinatario de los perjuicios de la barrera comercial que la ley crea pues a partir de ahora para comer o adquirir carne de otro origen tendrá que trasladarse a Corrientes beneficiando así la economía de la vecina provincia. Temas como el de la ley merecen una mayor y profunda discusión toda vez que en situaciones de sabana corta cada vez que tapamos un tema, desnudamos otros y así sucesivamente sin solución de continuidad. El Chaco actual está lleno de administradores de problemas cuando para recuperar su sitial en la Argentina necesita de ejecutores de soluciones.

Peche refirió el sostenimiento en cartera ya que es un proyecto ingresado hace poco tiempo en el mes de julio y que además se ha reconocido en la sesión que posee un afán recaudatorio, siempre cuando pedimos más tiempo de estudiar estas cuestiones nos amenazan que votamos en contra de Chaco, cuando en realidad ya ha sucedido con otras situaciones como el de aumento de automotores que fue un fracaso y tuvieron que derogarlo, aquí estamos pidiendo que quede en cartera porque el gobierno ya nos defraudo, le votamos créditos para que haga el acueducto y no cumplió ahora van aumentar las boletas de la luz para pagarlo, nos dijeron que acompañemos la ley de seguridad y todo sigue igual o peor que antes, en suma una serie de situaciones que exige el gobierno desde lo mediático pero en los hechos una vez sancionadas no sirven para nada.