La equiparación de los sueldos de los magistrados al 90 por ciento de lo que perciben sus pares de la Justicia Federal debía entrar en vigencia este mes, según la ley 9.725 aprobada por la Unicameral el 29 de diciembre de 2009, a partir de un proyecto enviado por el entonces gobernador Juan Schiaretti​.

“Ante la situación financiera por la que atraviesa la Provincia derivada de los serios y reiterados incumplimientos de parte del Estado nacional de los acuerdos celebrados, resulta necesario adoptar medidas tendientes a resguardar el equilibrio de las arcas provinciales”, justifica el gobernador José Manuel de la Sota en los fundamentos del proyecto que tratará la Unicameral el martes próximo.

Además de postergar hasta noviembre la entrada “automática” de la vigencia de la equiparación (10 meses), la iniciativa determina que en ese período de transición, los reajustes que se otorguen a los magistrados no podrán superar en ningún caso, a los porcentajes de incremento que se conceda a la administración provincial.

Se descuenta que el proyecto será aprobado ya que Unión por Córdoba cuenta con mayoría propia. El envío del proyecto se produce en momentos en que el Poder Judicial está de feria.

La decisión del Ejecutivo cayó como una bomba en la Asociación de Magistrados de la Provincia de Córdoba. Consultado por este diario, el titular de la entidad, Luis Paoloni, expresó su “malestar” por el proyecto y por no haber sido consultados por el Gobierno.

“Es inesperado y sorpresivo, me cae muy mal”, señaló el también camarista de Familia. Paoloni consideró que la postergación generará “malestar” y remarcó que la equiparación es para “asegurar la independencia, porque no hay jueces de primera y de segunda”.

Remarcó que en Santa Fe y Entre Ríos los magistrados están equiparados al 100 por ciento con el fuero federal.

“Las leyes y los convenios son los que rigen a las personas y están para cumplirlos”, afirmó el directivo. “Cuando estamos en descanso nos aparecen estas piñas”, se quejó.

Desde el gremio judicial, Irina Santesteban, aunque consideró que la equiparación de los magistrados otorga “autonomía económica”, admitió que “en un contexto de ajuste todos nos debemos ajustar”.

La dirigente defendió la “porcentualidad” de los empleados con los magistrados y cuestionó que los jueces “no pagan Impuesto a las Ganancias” con sueldos muy superiores al de los empleados.

En momentos que se envía el proyecto, la administración del Poder Judicial ya estaba realizando el recalculo de haberes que les correspondería con un último ajuste del 11 por ciento de los sueldos para enviarlos la semana que viene al Ministerio de Finanzas para que realizara la readecuación de las partidas. La equiparación no estaba prevista en el presupuesto del Poder Judicial que totaliza alrededor de 1.550 millones de pesos.

La equiparación se produce en un momento en que De la Sota reclama ante a Nación el pago de 1.700 millones de pesos que le adeuda por el convenio firmado para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y por fondos para obras públicas.

El reajuste del 11 por ciento que debía hacerse abarca a un tercio de los integrantes de la Justicia provincial. Incluía desde los vocales del Tribunal Superior hasta secretarios y prosecretarios.

Aunque el tema central es la equiparación, el temario de extraordinarias incluye una modificación a la ley de manejo del fuego, la aprobación de un convenio con la Nación y la ampliación de la eximición impositiva de las actividades artísticas.