La primera consecuencia práctica de la medida es minimizar el impacto político negativo que tendría en el Gobierno una resolución contraria a sus intereses. Algunos jueces de la Cámara de Casación interpretaron esta postergación como parte de los aires de tregua judicial con el kirchnerismo que imperan en tribunales. La decisión de posponer una definición, que fue cuestionada por las entidades de la comunidad judía, la tomaron los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación Ana María Figueroa y Luis María Cabral. Su colega Juan Carlos Gemignani votó en disidencia.

Los camaristas le pidieron a la Cancillería los antecedentes del pacto y los pasos que dio el Gobierno a posteriori. La Cancillería les envió un informe secreto, sólo para los jueces, en el que explica lo que hizo el Estado para la firma del convenio. Además, a pedido del tribunal, le adjuntaron el texto del pacto en castellano y en inglés. Pero, sorpresivamente, dos de los camaristas entendieron -a juicio de lo que escucharon de las partes en una audiencia realizada hace 15 días- que había divergencias entre los textos en castellano y en inglés por lo que dispusieron realizar una traducción oficial al castellano del texto en inglés. Para eso mandaron a sortear un perito traductor y le dieron tres días para que se acerque al tribunal y acepte formalmente el cargo. Fue elegida la perito traductora de idioma inglés Viviana Inés Cortínez.

Todas las partes del proceso (el Estado, la fiscalía y la AMIA y la DAIA) tendrán luego tres días hábiles para proponer sus propios peritos y vencido ese plazo y aceptados los cargos, los expertos tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles para traducir oficialmente del inglés el Memorándum de nueve puntos que entra en una carilla tamaño carta. Todo el proceso podría llevar cerca de un mes. El juez Juan Carlos Gemignani no estuvo de acuerdo con sus colegas y expresó que la decisión le resultaba "impertinente", es decir, que no venía al caso.

Los tres jueces escucharon a las partes en una audiencia pública que se realizó el 31 de marzo pasado. Las preguntas de los camaristas a los abogados del Estado y de la comunidad judía permitieron suponer cuál era su postura en ese momento, al menos. Y todo hacía pensar que la causa se iba a resolver rechazando la constitucionalidad del acuerdo con el voto de Cabral y Gemignani, y la disidencia de Figueroa. Gemignani llegó al tribunal con el apoyo del radicalismo; Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados, es muy crítico del Gobierno, y la jueza Figueroa tiene buena sintonía con sectores kirchneristas de la Justicia y llegada a la Casa Rosada. Las diferencias de criterio entre los tres son conocidas entre sus pares, según fuentes judiciales. Gemignani se muestra proclive a ratificar que el pacto con Irán es inconstitucional, mientras que Cabral, de buen diálogo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, parecía rechazarlo. Pero ayer resolvió plegarse a la idea de Figueroa para dilatar una definición. Algunas de sus conductas generaron resistencia entre algunos de sus colegas. Por ejemplo, el juez Gemignani cuestionó su participación en una reunión de la Procuración donde en la que se criticaron fallos en causas por violaciones a los derechos humanos que beneficiaron a los acusados. Incluidas decisiones de la propia Casación.

El caso del Memorándum estuvo detenido desde mayo de 2014 cuando la Sala I de la Cámara Federal resolvió declarar inconstitucional el acuerdo. A pesar de que en la Argentina es ley y que el Congreso iraní no lo trató, la firma del pacto cobró actualidad porque el fallecido fiscal Alberto Nisman centró en él su denuncia contra Cristina, a la que acusó de encubrir a Irán en la voladura de la AMIA. La tesis de Nisman era que el acuerdo era el instrumento para dar de baja a las circulares rojas de Interpol que buscan la captura de cinco ex funcionarios iraníes por planificar y ejecutar el ataque. Hoy la denuncia de Nisman está a punto de quedar enterrada porque los dos tribunales que la analizaron, sin investigarla, la desestimaron. Y el pacto con Irán está frenado por la Justicia. Una decisión de Casación invalidándolo sería un golpe para el Gobierno, que los jueces, por mayoría, por ahora decidieron postergar.

UN EXTENSO RECORRIDO LEGAL Y POLÍTICO

El 27 de enero de 2013 Cristina Kirchner anunció por Twitter que se había firmado un pacto con Irán que iba a permitir avanzar con la causa AMIA.Ese convenio contempla la posibilidad de que los iraníes prófugos sean interrogados por la justicia argentina y la formación de una Comisión de la Verdad que revise la investigación judicial.El Congreso argentino lo convirtió en ley y el iraní también debía ratificarlo, pero nunca lo hizo.La AMIA y la DAIA entendieron que el pacto es inconstitucional porque es un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Le dieron la razón y el pacto está congelado por decisión de la Cámara Federal. El Gobierno apeló ante la Cámara de Casación, que ahora debe resolver si confirma la inconstitucionalidad del convenio o la revoca.El fallecido fiscal Alberto Nisman, al acusar a la Presidenta de complotarse con Irán para dar de baja a los pedidos de captura de Interpol, a cambio de ventajas comerciales, dijo que el memorándum era el instrumento para ejecutar la maniobra. Interpretó que Irán buscaba con su firma que Interpol diera de baja los pedidos de captura contra sus ex funcionarios.