El intento de asalto al gendarme Luis Aguilar en Llavallol en el que perdió la vida su hija Anabela Soledad de 22 años terminó de corporizar los peores temores que venían inquietando a una abrumadora mayoría entre los intendentes de la Tercera Sección Electoral, preocupados por el recrudecimiento de la criminalidad que se había expresado durante el temporal de la pasada Semana Santa, sobre la que tienen datos concretos del cobro de “peajes” y robos ocurridos a consecuencia de los desvíos indicados por los mismos que lideraron protestas por falta de provisión de electricidad mediante cortes de rutas y caminos.

Este recrudecimiento de la inseguridad en el Gran Buenos Aires obedecería a una combinación de factores donde no es uno menor la supuesta indolencia de segmentos significativos de la policía bonaerense remisos a ejercer un control sobre ese tipo de protesta, en una actitud que para algunos jefes comunales se relacionada con el ejercicio de una presunta e insólita defensa de la gestión de Ricardo Casal al frente del ministerio de Seguridad bonaerense.

No todos están convencidos de que sea en efecto de esa forma pero sí de que las políticas desarrolladas desde esa cartera para combatir el delito han evidenciado un rotundo fracaso- Especialmente para encauzar una nueva organización de la policía bonaerense. Dicho de otro modo, Casal ni siquiera contaría ya con la aquiescencia de quienes, sin llegar a defenderlo, no alzaron su voz para cuestionarlo.

Este sensible cambio de postura acercaría a las iniciativas de Juan Gabriel Mariotto a varios de quienes no comulgan con la gestión política y parlamentaria que viene desarrollando en ese sentido. Ese acortamiento de distancias producto de la inercia política en la que parece haber ingresado la administración provincial de Daniel Scioli para dar respuestas de fondo a este problema no tiene por ahora otro tipo de expresiones concretas.

Incide en ese nuevo posicionamiento, incómodo para algunos, la propia impotencia que confiesan por carecer de equipos técnicos y conocimientos específicos para encarar una propuesta propia pese a que se descuenta que ninguna será efectiva si no es con un consenso entre intendentes que permita el trazado de programas de acción en el ámbito regional.

También, claro, existe el temor a levantar olas que luego se revelen incontrolables y lastimen su relación con el gobierno provincial pero también con el nacional donde la designación de Sergio Berni como segundo de Nilda Garré en el área de Seguridad no es visto como el síntoma más positivo del tratamiento que aguardan para manejar la protesta en el espacio público.

En auxilio de Casal, y por vía indirecta de Scioli, acudieron primero el escándalo que viene rodeando a Amado Boudou por el presunto tráfico de influencias en la concesión de la ex Ciccone y ahora el proceso de expropiación iniciado por el gobierno nacional en YPF, que mantiene el foco de la atención de los Medios y de la opinión pública, encandilados de momento por un debate que refleja además la creciente influencia de La Cámpora en el gobierno de la presidente Cristina Fernández y el lento declive de los viejos colaboradores de Néstor Kirchner.

Proceso que ya no solo desnudaría el intento de rectificación política de la primera mandataria sobre algunos aspectos de su gestión que fueron resueltos, en apariencia, por su desaparecido esposo y antecesor. También la urgencia por hallar una salida al brete energético ante la fatiga financiera del gobierno que aguarda, según confiaron algunos de sus dirigentes, a que el “modelo” aguante al menos hasta los comicios legislativos del 2013.

No son pocos los jefes comunales que temen que, con una frazada más corta, y con menos obras públicas del gobierno nacional, como admiten varios de ellos, los asuntos concretos por los que no puedan dar respuesta terminen por corroer el consenso obtenido en las presidenciales del 2011 y que los esperanzó con proyectar hacia otros ámbitos los liderazgos locales que lograron consolidar.

En especial si, como sospechan, llegar a esa instancia con posibilidades implica establecer como prioridad el fortalecimiento de la imagen presidencial y orientar esfuerzos y recursos a la consecución exclusiva de esa meta.

Política

El incremento de robos y cobro de peajes a los automovilistas que debieron desviarse de rutas y caminos a raíz de las protestas de quines reclamaron la pronta restitución del servicio eléctrico perdido fue el tema más comentado por intendentes del Conurbano quienes, lejos de oídos indiscretos, dejaron escuchar su indignación con este tipo de protestas que estimaron lisa y llanamente como fuera de época.

Para uno de ellos, del Segundo Cordón del Conurbano, esos episodios se relacionan a una forma de resistir cualquier cambio en las políticas de seguridad de parte de la cúpula policial que sobrevendría si Casal abandona el gabinete de Scioli. Varios dirigentes K del Gran Buenos Aire se entusiasman con esa posibilidad que tiene por ahora como candidato a Martín Arias Duval, ex secretario de Seguridad durante la gestión de León Arslanián.

Otro, del primer Cordón, no acepta ese argumento. “Esto no es por política” advierte sobre la supuesta indolencia policial que atribuye a un “estado terminal” de la fuerza de seguridad provincial que obliga, en su perspectiva, a analizar variantes y a un involucramiento en ese asunto que iría más allá de la creación de un cuerpo municipal.

Ese tipo de definiciones no ha sido todavía motivos de análisis conjuntos ni siquiera entre los alcaldes con aspiraciones de tallar en la reorganización del PJ bonaerense como primer paso de una expansión de sus liderazgos locales hacia otros ámbitos. Solo el de Almirante Brown, Rubén Darío Giustozzi, resolvió romper el protocolo de “callar y aguantar” que impera entre ellos y criticó, aunque con recaudos, la interrupción del tránsito automotor como modalidad de protesta.

Giustozzi acredita además, el raro mérito de ser elogiado frente a otros pares por efectivos de la Gendarmería Nacional que colaboran en ese distrito por la coordinación lograda entre esa fuerza, el Centro de Protección Urbana y los efectivos policiales.

Ese dato es conocido por otros intendentes de la zona que vienen reuniéndose con vecinos para apaciguar sus reclamos aunque admiten que la intransigencia con la que chocan en esos encuentros es lo que los ha convencido de la necesidad de avanzar en ese terreno como sea pese a admitir la carencia de cuadros técnicos y conocimientos específicos.

“La etapa de las obras se acabó” concluyó uno de ellos. No solo en alusión a los severos recortes en las transferencias de fondos nacionales y provinciales que padecerán en ese rubro. También porque de esas reuniones con los vecinos surgen dudas que no han podido disipar. “Uno me planteó para qué arreglamos las plazas si después no se pueden usar porque te roban en ellas”, deslizó.

La falta de solución a esta urgencia podría comenzar a corroer los liderazgos que terminaron de consolidar en los comicios del 2011 y limitar la expectativa de proyectarlos fuera de los municipios que administran. Por eso entienden la necesidad de elaborar una estrategia de conjunto que permita insertar este tema prioritario en su agenda en los de los gobiernos provincial y nacional, enredados también en su propia controversia sobre el asunto.

Sometidos a la vorágine en que parece haber ingresado el gobierno nacional, saben que esa meta será difícil en los próximos días.