Ello obligó a concretar apuradas reuniones de Comisión, para cumplir con las formas porque en la mayoría de los casos el oficialismo firmó su dictamen al comenzar las mismas, demostrando nula voluntad de receptar aportes de la oposición y poniendo en dificultades fácticas a los legisladores recién ingresados al Congreso, para tomar conocimiento acabado de todos los proyectos y sus antecedentes y poder cumplir con responsabilidad nuestra misión.

Los temas tratados, si bien revisten importancia, no se corresponden en muchos casos con las verdaderas prioridades de la sociedad, si no a las necesidades o caprichos de un Gobierno empecinado en seguir concentrando el manejo discrecional de los recursos para el ejercicio hegemónico del poder.

A continuación, una apretada síntesis de la agenda y de la posición asumida en cada caso desde el bloque del GEN al que pertenezco y que forma parte del Interbloque del Frente Amplio Progresista:

1) Presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2012: no acompañamos el proyecto oficial en razón de la evidente falta de sinceramiento de las distintas variables, escondiendo especialmente los verdaderos índices inflacionarios y subestimando entonces recursos para reservarse el Gobierno el manejo discrecional de los mismos.

2) Prórroga de algunas leyes impositivas (derecho a la exportación de hidrocarburos, impuesto sobre créditos y débitos en operatorias bancarias): acompañamos el proyecto en general con observaciones en particular, para evitar el desfinanciamiento fiscal y reclamamos la imperiosa necesidad de promover una reforma impositiva integral que asegure equidad y progresividad tributaria.

3) Prórroga de la vigencia de la ley 26204 de Emergencia Económica: la rechazamos categóricamente por tratarse de una injustificada delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, reiterada desde el 2002, en el actual contexto económico. Su sanción vacía de sentido al presupuesto nacional ya que el Gobierno puede disponer discrecionalmente el cambio de partidas.

4) Modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24769): apoyamos en general, con observaciones particulares, destinado a perfeccionar el sistema punitivo del incumplimiento de las obligaciones impositivas.

5) Modificaciones al Código Penal en materia de conductas delictivas con finalidad terrorista y conductas que afecten el orden económico y financiero: no apoyamos la iniciativa por su ambigüedad y amplitud en la interpretación que deja en manos de la justicia.

6) Regulación de la producción, comercialización y distribución de papel para diario: como miembro de la Comisión de asuntos Constitucionales participé de la reunión plenaria de Comisiones donde el oficialismo impuso su proyecto que consideramos busca condicionar a algunos diarios que no apoyan la política oficial y deja abierta la posibilidad de confiscar la participación privada en la empresa Papel Prensa a partir de un marco regulatorio que estará en manos del Súper Secretario de Comercio Guillermo Moreno. Planteamos la necesidad de regular la materia, pero fuera de la disputa oficial que pretende disciplinar a algunos medios y por otro lado, algunas grandes empresas mediáticas que buscan preservar una posición dominante. Si verdaderamente se busca democratizar el acceso a la información, garantizando el ejercicio de dicho derecho y el de libertad de expresión, se debe avanzar en una regulación que comprenda también la distribución equitativa de la pauta oficial de publicidad y el acceso a la información pública (con proyectos legislativos demorados desde hace años por el oficialismo).

7) Modificaciones al Régimen de Trabajo Agrario: acompañamos en general el proyecto porque incorpora nuevos derechos y beneficios a los trabajadores rurales previstos en la Ley de Contrato de Trabajo.

8) Restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros: éste proyecto junto al Presupuesto 2012 y las leyes impositivas son los únicos que consideramos justificaban su urgente tratamiento en sesiones extraordinarias. En éste caso para detener rápidamente el proceso de extranjerización de las tierras rurales, considerando su valor estratégico como recurso natural junto al agua de alto impacto geopolítico, especialmente por su incidencia en la producción alimentaria ante un mundo cada vez más demandante. Aprobamos el proyecto porque consideramos un avance establecer un 15 % sobre la superficie de tierras rurales en el país, como límite de la propiedad en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. No obstante, como uno de los miembros informantes de nuestro Interbloque intenté realizar algunos aportes con la finalidad de mejorar la eficacia en la aplicación de la ley, que no fueron receptados por el oficialismo demostrando un vez más que muchas veces pretende quedarse con la iniciativa política de títulos sin importar demasiado la verdadera capacidad de transformación de algunas iniciativas (cabe recordar los antecedentes de proyectos superadores presentados por la oposición desde hace años proponiendo regulaciones en la materia que no fueron considerados).

En definitiva, ha sido para el que suscribe un debut muy intenso que me ha permitido experimentar rápidamente varios aspectos del funcionamiento de la Cámara de Diputados y fundamentalmente haber formado parte de las decisiones adoptadas por el Frente Amplio Progresista, coherentes con la responsabilidad con que pretendemos ejercer nuestro rol opositor, promoviendo o apoyando las iniciativas que consideramos beneficiosas para nuestro país y rechazando las que entendemos no benefician a la ciudadanía.