Posible marcha de empleados y empleadores

Desde la Cámara de Comercio advirtieron que si bien está dentro de las posibilidades la concreción de una marcha, “no significa que vaya a realizarse”. Será clave la reunión del lunes con el ministro de Economía. La deuda del Estado superaría los 500 millones de pesos.
Aclaró además que ello depende de lo que resulte de la reunión que mantendrán este lunes con el ministro de Economía, Ariel Ivovich, dijo Cruces a La Opinión Austral. El titular de la CAME y la Cámara de Comercio se encontraba, al momento de la entrevista, embarcando en un vuelo con destino a la Capital Federal para reunirse con las máximas autoridades de la federación, para comunicarles la preocupante situación que atraviesa el sector comercial de Santa Cruz que, por supuesto, no es ajena a la crisis económica provincial. “Vamos a reunirnos con el Consejo para exponer la situación, ya que es nuestro deber, lo hacemos cuando las cosas están bien y también cuando están mal”, dijo.

El temor de los comerciantes radica principalmente en la abrumadora deuda que el Estado tiene con los empresarios que, según datos de la cámara, podría superar los 500 millones de pesos, “aunque como las cosas no están claras porque los datos certeros los maneja el Ministerio de Economía, no me sorprendería que mañana se conozca que es mucho mayor”, aseguró preocupado Cruces.

El directivo fustigó también la “falta de diálogo y la incertidumbre sobre cómo se avanzará sobre la deuda, ya que se habla de la emisión de bonos, pero no nos dijeron nada aún”.

Acompañamiento

Una arista para destacar de este conflicto es que el sector empresarial sería acompañado en este reclamo por el Sindicato de Empleados de Comercio, “porque ellos padecen la realidad, no cobran extras ni acreencias”. Más preocupante resulta aún la posibilidad que dejó abierta Cruces sobre “posibles achiques de distintas empresas”, lo que sin dudas generaría, en caso de realizarse, posibles despidos de personal en todo el territorio provincial, ya que las deudas del Estado con el sector provocarían la imposibilidad de los privados de continuar con su normal funcionamiento. El promedio de atraso en el pago por parte del Estado con los acreedores es de siete meses y la situación de algunos comerciantes es acuciante.

Comentá la nota