La contratación de consultoras en el ámbito del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que conduce Juan Acuña, es objeto de un pedido de informes que la diputada kirchnerista Egle Altamirano impulsa en la Cámara baja. Por medio de él, se busca conocer el listado de consultoras, los montos de las contrataciones y el resultado del servicio que prestaron para mejorar la prestación de energía eléctrica.
Para Altamirano, “en esta decisión subyace la idea de que los ingenieros y técnicos locales, incluidos los que prestan servicio en el Estado, no cuentan con la capacidad-especialidad suficiente”. Y, a renglón seguido, mencionó que “sin embargo, se observa que (estos profesionales) son contratados a su vez por estas consultoras externas, lo que solo añade más costo al servicio de consultoría”.
Altamirano inquirió en el mismo pedido de informes una amplia variedad de cuestiones sobre el servicio de electricidad, como la infraestructura de red y la inversión realizada en obras de generación eléctrica.
Práctica común
Aunque el requerimiento de la diputada Altamirano tiene como eje la prestación de energía, el ministerio de Acuña recurrió a consultoras de distintos rubros en estos años, normalmente con el argumento de la falta de personal idóneo en la planta profesional del Estado provincial. Para distintas obras, se recurrió a empresas privadas, normalmente foráneas, para estos trabajos.
Algunas de esas iniciativas generaron polémica, como la que se suscitó alrededor de la convocatoria a un especialista mendocino para atender una plaga del césped en el estadio de fútbol. El Colegio de Agrónomos salió a cuestionar a Obras Públicas porque, aseguró, en Catamarca existían profesionales capaces de lidiar con el problema. Finalmente, el ministerio tuvo que dar marcha atrás en el tema.
ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos contrató numerosos servicios de consultoría a lo largo de casi ocho años de gestión de Juan Acuña.
Cuando se lanzó el acueducto Pirquitas-Capital, se tercerizó el control. Según se dijo, no había especialistas en todo el ámbito público en sistemas de alta presión.
En 2008 se firmó un contrato para la elaboración de un "mapa eólico provincial", que determinara los mejores puntos para instalar aerogeneradores. El costo: 75.000 pesos.
Luego de la intervención oficial a EDECAT, se decidió contratar una consultora para que determine el estado contable-financiero de la empresa.
El informe de impacto ambiental del dique El Bolsón fue encargado a una consultora cordobesa que fue vinculada a la subsecretaria de Ambiente, Nora Martínez. Profesionales locales denunciaron inexactitudes en el informe ambiental (como la existencia de vicuñas en el Este) y el uso de fuentes bibliográficas que manejan alumnos de Polimodal.

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