Las hojas del almanaque fueron cayendo y así llegó el día en que comenzará a materializarse el anticipo del Diario de Jujuy: Hoy a las 10 en la sede de avenida 19 de Abril 1165, Fellner encabezará una conferencia de prensa en la que anunciará la inminente convocatoria al Congreso Provincial del PJ para abordar temas de significativa importancia para el partido gobernante, con metas para el corto y el mediano plazo. Desde ya, el encuentro trascenderá el hecho institucional, puesto que se constituirá en un punto de partida de los próximos movimientos internos con miras a los compromisos electorales de 2011.

La semana pasada el mismo Fellner se encargó de verter definiciones sobre su futuro político, dejando en claro que sus compromisos hoy son ejercer la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación y entendiendo que hablar de candidaturas ahora es tan inútil como prematuro, atento a las urgencias que aquejan a los jujeños. “A la gente no le interesa nada de eso”, aseveró y sobre su rol al frente del Ejecutivo provincial comentó que “es una etapa cumplida”. Sin embargo y conscientes de la influencia que genera su imagen ante la opinión pública y la cercanía que mantiene con el poder central (que valiosos réditos le significa a la provincia), una ventaja tan difícil de lograr como de mantener, son como un viento a favor que los cuadros militantes del justicialismo vernáculo no están dispuestos a dejar pasar. Por más que Fellner se muestre enfrascado en sus compromisos institucionales a nivel nacional y en esta consideración también tiene cabida Walter Barrionuevo, otro elemento fuerte en el escenario político local y nacional, pero al mismo tiempo plenamente consustanciado con sus deberes de gobernador, reúnen un capital político muy apreciado que es permanentemente observado por propios y ajenos.

En el plano estrictamente institucional e interno, los miembros del Congreso Provincial a ser convocado en breve (se estima que la reunión se celebraría en quince días) tendrán que dejar de lado por un momento el magnetismo del mundial de fútbol y abocarse al análisis de mecanismos conducentes a la postergación de las elecciones internas para cargos partidarios, ello bajo estricto cumplimiento de la legislación nacional vigente. También tendrán que definir la conformación de una comisión de abogados (seguramente encabezada por el diputado provincial Guillermo Snopek) que actuará en la necesaria adecuación de la Carta Orgánica del PJ a esa misma normativa electoral. El temario a desarrollar por el Congreso se completará con la presentación de un informe sobre la situación financiera y contable del partido y el posible ingreso de notas por las que algunos solicitan su reincorporación a las filas del PJ.

En resumen, el hecho que se generará hoy, no debe ser asumido como algo meramente institucional, sino como un acontecimiento que encierra un claro mensaje para puertas adentro y hacia afuera del PJ. ¿Es este el principio del fin de la denominada “mesa chica”? La posición adoptada por algunos dirigentes de fuste de diluir el protagonismo de la “mesa chica” para dar paso al funcionamiento pleno de los órganos y procedimientos internos partidarios, parece indicar que el accionar del o y reducido grupo está por llegar a su término. Que así lo entiendan los que tienen que entender y los que no también.

Elogios al fallo

sobre el cupo

El Tribunal Contencioso Administrativo dictó recientemente un fallo sobre la ley de cupo femenino condenando a la Legislatura y al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a la norma constitucional que ordena garantizar igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el acceso a los cargos electivos y partidarios.

El llamado cupo femenino procura acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres (como dice la Convención que prohíbe la discriminación de las mujeres), tomando en cuenta que si bien, frente a la ley, ambos sexos son iguales, en los hechos existen notables diferencias. El Tribunal estableció la necesidad de que se reconozca este derecho, frente a una demora en que se incurrió.

En tal sentido, el diputado Pablo Baca comentó que “para dictar su sentencia, los jueces de Jujuy, con evidente versación y también con coraje cívico, tomaron en consideración las más prestigiosas doctrinas de la Corte nacional”.

Mencionó, que el Dr. Benjamín Villafañe “invocó que se viola la Constitución no sólo cuando se hace lo que ella prohíbe, sino también no haciendo lo que la Constitución manda”. “Una omisión, así, puede ser tan inconstitucional como una acción”, acotó el legislador radical.

Respecto de los argumentos esgrimidos por el Dr. Luis Morales, reseñó que “se situó en el argumento de que no puede concebirse un derecho si no hay alguna forma de ejercerlo” y recordó luego la jurisprudencia que dio origen al amparo: “Donde hay un derecho debe haber un remedio legal para hacerlo valer, aunque sea desconocido”. Señaló también que las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos, por el sólo hecho de encontrarse en la Constitución, y que la falta de reglamentación no puede constituir obstáculo para la vigencia de los derechos.

Respecto del posicionamiento asumido por la Dra. Silvia Maurín, Baca señaló que “desde una perspectiva diferente, afirmó que el sistema de cuotas o de cupos importa un mecanismo de la democracia de participación política en igualdad de condiciones de hombres y mujeres y que garantiza y tutela la paridad de géneros y la no discriminación de la mujer en la vida política”.

“Este resumen es necesario tener en cuenta, porque se pretendió enjuiciar a los magistrados que firmaron el dictamen. No creo que haga falta defenderlos, el fallo que dictaron se defiende solo, en todo caso pretendo elogiarlo”, enfatizó.

Para Baca es necesario que se lo conozca, “para la confianza de los jujeños en la Justicia provincial y frente a la eventualidad de que se intenten nuevas medidas destinadas a presionar o sancionar a los magistrados”.

“También el conocimiento puede ser oportuno, porque por lo que se pudo ver y escuchar, es probable que la sentencia sea impugnada o que directamente se la pretenda ignorar en los hechos”, advirtió.

En los pasillos y en el recinto de la Legislatura se cuestionó sobre todo la forma que revistió la condena, el plazo y la posibilidad de que se impusieran multas en caso de incumplimiento. Al respecto, estimó que “molesta el contenido de lo resuelto, la necesidad de dictar una ley y garantizar un derecho que se viene demorando desde hace veinte años” y dijo entender a algunos que de buena fe cuestionan el fallo, desde una interpretación de los que serían las atribuciones de la Legislatura”.

Entre sus reflexiones, expresó que “la situación tiene su complejidad, porque es un derecho colectivo que no puede ser reconocido por los jueces como habitualmente sucede a una persona en particular, sino que debe serlo a todo un grupo y a través de una ley”.