El diputado radical Humberto Montenegro, acompañado por sus pares Luis Petri y Néstor Parés, le solicitaron al ministro de Seguridad Carlos Aranda, que explique, en un plazo de diez días, sobre el contrato del servicio de seguridad que une al ministerio con la empresa y los costos operativos de este servicio, como así también el destino de los fondos provenientes de la minera por la proteccuón dada.

Según explica Montenegro en su intorme, tras un conflicto sindical, la empresa Vale pidió la internvención de la policía "para asegurar el control y la protección de los ciudadanos". Tras esa solicitud, hecha en junio de 2011, Aranda decidió afectar a cuatro efectivos policiales.

"Frente a ello se suman datos como reuniones privadas entre autoridades de la minera, el intendente malargüino y demás funcionarios y empleados de la minera, con el objetivo de asegurar el servicio de seguridad policial en el yacimiento", comentó Montenegro y agregó: "Cabe aclarar que la Empresa Vale Do Rio Doce, ha realizado este tipo de acciones sólo en Colombia, no desarrollándolo en otras partes del mundo".

El legislador consideró que esta prestación ha resentido la seguridad de Malargüe: "¿Vivimos en Mendoza con tal inseguridad y terrorismo como en Colombia?, se preguntá Montenegro, en un comunicado enviado desde el radicalismo.

En el pedido de informes el diputado radical también señala "que el Ministerio de Seguridad ha mantenido una relación cuasi comercial en cuanto a seguridad y, frente a ello, es que surgen distintas inquietudes que son necesarias aclarar", entre elos los pedidos mencionados más arriba, a los que se agrega la retribución económica de cada agente policial, sus nombres y una copia certificada del libro de novedades.