Empezando por su propuesta, Ponce aseguró que construirá, si resulta electo en octubre, 10 mil viviendas, a un ritmo de 2.500 por cada año de gestión y un valor de $120.000. Las mismas estarán divididas en dos barrios, el de “viviendas unifamiliares”, destinado a personas “que se encuentran por debajo o cerca de la línea de pobreza”, y el de “viviendas colectivas”, el cual apunta a un grupo largamente dejado de lado por el actual Gobierno de San Luis, las personas jóvenes, incluyendo solteros, “cuyo nivel económico les permita afrontar cuotas un poco mayores y estén planeando emanciparse económicamente de sus familiares, pero que necesiten del financiamiento estatal para adquirir una propia”.

A su vez, estos dos barrios formarían parte de un proyecto mayor, el cual apunta a urbanizar la granja La Amalia, incluyendo en sus 282 hectáreas un “museo/parque multifuncional”, el cual estará destinado “a toda la comunidad en general” y supondrá “una solución arquitectónica-espacial a las personas que realizan la actividad de trueque y compra-venta en ese sector”.

Ponce finalizó su presentación comentando que ya está trabajando, junto a Vergés, “coordinadamente con Nación para adecuar los costos, las necesidades y proyectar una vivienda que cumpla con las especificaciones que rige la normativa de nación”.

¿Por qué no llegan las viviendas de Nación a San Luis?

De acuerdo al informe del Ministerio de Planificación Federal que presentó Ponce, las razones se retrotraen a los Planes Federales de Vivivendas I y II que la provincia firmó pero no ejecutó. De acuerdo al informe, del Plan Federal I, suscripto en 2004, San Luis “se encuentra ejecutando, con un bajo ritmo de obra, 396 viviendas, con un avance físico del 60%”, según los últimos certificados que presentó la provincia, allá por abril de 2009.

Ya refiriéndose al Plan II, el informe asegura que San Luis solo presentó proyectos para la ejecución de solo 683 viviendas, sobre un total de 5 mil que se habían acordado. Los proyectos “no han sido aprobados por diversas observaciones, las cuales al momento no han sido subsanadas”. Estas observaciones hacen referencia al “no cumplimiento de los estándares mínimos de calidad, falta de presentación de certificados de no inundabilidad” y plazos de ejecución superiores a los exigidos por Nación.

El informe también menciona convenios firmados en 2006 para la construcción de 496 viviendas, que no fueron concretadas, entre otros motivos, por el Gobierno local rescindió el contrato con la empresa que iba a construirlas.

“Las viviendas las hemos tenido disponibles, pero el Gobierno, por una decisión política, las ha dejado de construir en todos estos años”, dijo Vergés. “La Nación no le da recursos a una provincia que no demuestra el gasto de la plata. Ellos (los Rodríguez Saá) no quieren que la gente vea que hay un modelo mucho mejor y superior al modelo bastante obsoleto que tenemos en la provincia”, manifestó Pérsico.