Ni un escrito del secretario de Gobierno enmendó el error del intendente de San Luis. El Concejo Deliberante le pidió ayer por escrito a Enrique Ponce que envíe nuevamente y con la fecha correcta, la nota que acompaña el proyecto de ordenanza del presupuesto municipal 2013, luego de que la firmara cuando no estaba a cargo del Ejecutivo municipal.

Bajo el formato de comunicación, la mayoría de los ediles formalizó el pedido de explicaciones al titular de la Comuna. Una decisión que no acompañaron Néstor Menéndez del bloque unipersonal MPL, Francisco Guiñazú del unipersonal Dignidad Sanluiseña y Raúl Laborda del bloque Frente para la Victoria.

Todo surgió porque la Comuna giró al cuerpo legislativo la propuesta de gastos y recursos para el año próximo al filo del vencimiento que marca la Carta Orgánica, el lunes 1° de octubre y con la rúbrica de Ponce, que estaba en Buenos Aires y, en consecuencia, había tenido que delegar la Intendencia en Zulema Rodríguez Saá, la presidenta del Concejo. De hecho, la integrante del bloque Compromiso Federal estuvo a cargo entre el domingo 30 de setiembre y el martes 2 de octubre.

"La nota es muy simple. Es la formalidad con la que cada jefe comunal se dirige al presidente del cuerpo como carta de presentación del presupuesto y que si está mal impide su tratamiento", describió uno de los concejales que respaldó el pedido mayoritario. Si bien parece un simple error administrativo, los abogados que ocupan una banca (el justicialista Carlos Rosso y el kirchnerista Roberto González Espíndola) coincidieron en que el acto "es inexistente".

El tema generó tres propuestas durante la sesión y hasta obligó a un cuarto intermedio para discutir si al proyecto de comunicación lo volvían a comisión. Es que justo ingresó una nota firmada por el secretario de Gobierno, Julio Fagés, en la que intentaba maquillar el fallido de Ponce. "Fue un error involuntario", señaló quien admitió que la firma corresponde al 30 de setiembre.

"Esa aclaración debería haber estado suscripta por el intendente, no por otro funcionario porque sino ese funcionario después tendría la potestad de modificar la fecha de los decretos por ejemplo", fue el pensamiento que imperó en el bloque Compromiso Federal para imponer el proyecto de comunicación, que también incorporó la solicitud al Municipio para que envíe la ordenanza tarifaria.